Luego de que por medio de una reforma al código estatal penal se elevaran las sanciones hasta ocho años de prisión e incorporaran nuevos supuestos de maltrato, animalistas advirtieron que todavía deben modificarse otras normas para reconocer plenamente los derechos de los animales.
Luego de la aprobación de las modificaciones a la normatividad del estado en materia de protección animal, integrantes de la comunidad animalista señalaron que, a pesar de los avances, quedan pendientes reformas para armonizar la legislación de Baja California con el reconocimiento de los animales como seres sintientes.
De acuerdo con Frank Ortiz González, director estratégico de Abogados Animalistas México, entre las principales modificaciones destaca el aumento de las penas por maltrato animal, que anteriormente contemplaban un rango de dos a cinco años de prisión y ahora serán de tres a ocho años.
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“Esto implica que no tengan la oportunidad de salir en libertad condicional, ya no es tan fácil como lo hizo hace un par de meses la persona que mató al perrito ‘Chato’ aquí en Otay, que con la mano en la cintura, pagando 30 mil pesos, se libró de toda la responsabilidad”, expresó.
También resaltó el reconocimiento de los animales como seres sintientes en el artículo 7 de la Constitución de Baja California, modificación que considero, representa un primer paso hacia un avance en las normas relacionadas con su protección y bienestar.
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Además, se incorporaron nuevos supuestos de maltrato animal al Código Penal, entre ellos el abandono, la desnutrición y la deshidratación, a la par de la creación de un registro estatal de maltratadores y la restricción para que quienes sean sentenciados por este delito puedan tener animales bajo su resguardo durante el tiempo que dure la condena.
Sin embargo, Ortiz señaló que las modificaciones al Código Penal y el reconocimiento constitucional de los animales como seres sintientes son apenas el primer paso, pues ahora será necesario armonizar el resto de las leyes estatales.
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Entre las modificaciones pendientes, mencionó la posibilidad de que los animales sean reconocidos como víctimas de delito, pues actualmente los casos de maltrato son considerados delitos en agravio de la sociedad y el animal continúa siendo tratado jurídicamente como objeto.
En ese sentido consideró necesario modificar el Código Civil del Estado para avanzar en la descosificación de los animales y dejar de tratarlos como bienes, además de realizar cambios a la legislación familiar para reconocer a las familias multiespecie.
“Lo vimos hace poco tiempo con un perrito en Querétaro, que ya recibió una pensión alimenticia a través justamente de acreditar los nexos entre la familia y el animalito y cuando se separan, pues quién va a ser el obligado a cargar con esas condiciones o gastos propios de tener un animal que es parte de la familia”, indicó.
De igual manera, señaló que será necesario reformar la legislación estatal en materia de protección animal, ya que actualmente parte de las disposiciones se encuentran enfocadas únicamente en animales domésticos, mientras que la Constitución local reconoce la protección de los animales de manera general.
Para José Ángel Vizcarra, titular de la Fiscalía Especializada contra el Medio Ambiente y Maltrato Animal, la reforma aprobada en abril de este año representa una nueva herramienta para la investigación y persecución de los casos de maltrato animal, al permitir a los agentes del Ministerio Público trabajar con penas más elevadas.
“Es una herramienta muy fuerte y útil para nosotros como agentes del Ministerio Público para efecto de trabajar en lo que es el delito de maltrato animal. Además, ahora existe la posibilidad de perseguir los delitos de oficio”, expresó.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente del Estado, Norma Elvia Martínez, señaló que el Gobierno del Estado respaldará las medidas encaminadas a privilegiar el bienestar animal, aunque en los temas que correspondan a las atribuciones municipales serán respetuosos de las decisiones que tomen los ayuntamientos y mantendrán el acompañamiento institucional cuando sean convocados.
En ese sentido, señaló que el siguiente reto no solo será aprobar nuevas reformas, sino garantizar que los cambios normativos cuenten con mecanismos de aplicación y coordinación entre las distintas autoridades, pues la modificación de las leyes por sí sola no garantiza su cumplimiento.
