La propuesta de Magaly Ronquillo por abrogar dicha actividad avanza en comisiones, mientras taurinos advierten que recurrirán a tribunales y animalistas defienden la eliminación de la normativa.
Pese a haber acudido a una reunión con la regidora Magaly Ronquillo, para detener la abrogación de la iniciativa de ley que contempla remover el reglamento taurino municipal, la comunidad taurina señaló que la funcionaria continuará con dicha intención.
De acuerdo con Ricardo Zurita, abogado defensor de la Fiesta Brava en la Tauromaquia a nivel nacional, durante este jueves se llevó a cabo una mesa de trabajo con la regidora y funcionarios del Ayuntamiento de Tijuana, donde presentó argumentos jurídicos para defender la permanencia del Reglamento Taurino, el cual permite la realización de corridas de toros en la ciudad.
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Explicó que han recurrido anteriormente a amparos para impedir prohibiciones contra la tauromaquia y señaló que, en caso de que el Cabildo apruebe la abrogación del reglamento, recurrirán nuevamente a las instancias jurídicas correspondientes, incluyendo amparos y, de ser necesario, otras instancias nacionales e internacionales.
Zurita sostuvo que la tauromaquia está relacionada con distintos derechos humanos, entre ellos la cultura, el trabajo, la libre empresa, la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que consideró que la eliminación del reglamento podría ser impugnada ante los tribunales.
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También cuestionó las reformas constitucionales en materia de protección animal y el reconocimiento de los animales como seres sintientes, al considerar que esto no significa que los animales sean titulares de derechos en los mismos términos que las personas.
El abogado sostuvo además que, mientras el Reglamento Taurino permanezca vigente, existe la posibilidad legal de realizar corridas de toros mediante los permisos correspondientes, por lo que consideró que la actividad no puede ser eliminada de manera definitiva mientras no se concrete la abrogación y publicación de la nueva disposición.
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Respecto al permiso relacionado con la corrida de toros que pretendía realizarse el pasado 5 de julio, Zurita reconoció que tuvo conocimiento, a través de medios de comunicación, de que el documento utilizado para autorizar el evento presuntamente habría sido falsificado.
El representante taurino se deslindó de dicho trámite y aseguró que no estuvo involucrado en la gestión del permiso, pero afirmó que no está de acuerdo con ninguna irregularidad y que él mismo presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal para que se investigue y, en su caso, se sancione a los funcionarios públicos o particulares que resulten responsables.
“Los taurinos somos legales y no somos corruptos”, sostuvo Zurita, quien agregó que si alguna persona incurrió en una ilegalidad deberá responder ante las autoridades correspondientes.
Por su parte, Frank Ortiz, integrante de Abogados Animalistas México, consideró imprecisos algunos de los argumentos de la comunidad taurina y sostuvo que las reformas constitucionales en materia de protección animal sí tienen efectos sobre la regulación de la tauromaquia.
Ortiz recordó que el artículo 4 de la Constitución Federal fue reformado para establecer la obligación del Estado de garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales, mientras que en Baja California el artículo 7 constitucional reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de especial protección.
Por ello, consideró que las normas municipales y estatales que regulan la actividad deben adecuarse a las nuevas disposiciones constitucionales, al señalar que tanto el reglamento taurino como otras normas relacionadas con la actividad fueron creadas antes de estas reformas.
En ese sentido, el integrante de Abogados Animalistas México defendió la facultad del Ayuntamiento para abrogar el Reglamento Taurino, al señalar que el artículo 115 constitucional le otorga atribuciones para regular los espectáculos que se realizan dentro del municipio.
“El gobierno puede decir: ‘ya no me sirve el reglamento taurino en este momento, no comulga con los valores de nuestra ciudad de Tijuana, por lo tanto, lo abrogo’”, afirmó.
Ortiz también señaló que desde julio de 2023 no se han realizado corridas de toros en Tijuana debido a los procesos judiciales que se mantienen vigentes, y consideró que la ausencia de estos espectáculos no ha representado un detrimento para la economía de la ciudad.
Sobre el permiso presuntamente falsificado, Ortiz señaló que el caso forma parte de los argumentos para cuestionar la manera en que se ha gestionado la realización de corridas de toros en la ciudad y mencionó que existen denuncias ante la Sindicatura Municipal y la Fiscalía General del Estado por las presuntas irregularidades.
Asimismo, cuestionó que se pretenda defender la permanencia de la tauromaquia mediante permisos que, en su consideración, no se ajustan a la normativa vigente y sostuvo que el Ayuntamiento tiene facultades para decidir si mantiene o abroga el reglamento que permite estos espectáculos.
En contraste, Zurita sostuvo que la tauromaquia continúa contando con respaldo jurídico y cultural, por lo que anticipó que la comunidad taurina recurrirá a las instancias legales correspondientes si el Cabildo aprueba la abrogación del Reglamento Taurino.
Por su parte, ambos coincidieron en que la iniciativa de Ronquillo continuará siendo analizada en las comisiones correspondientes antes de ser presentada ante el pleno del Cabildo, donde se definirá si el reglamento que actualmente regula la actividad taurina en Tijuana será abrogado.
