Más de un centenar de residentes del fraccionamiento Olachea resultaron afectados después de que las obras de urbanización quedaron inconclusas desde hace 18 años, situación que les ha generado problemas para escriturar sus propiedades y obtener certeza jurídica sobre sus viviendas.
Los vecinos señalaron al desarrollador Luis Alfonso Olachea Villa por no concluir los trabajos, pero también responsabilizan al Ayuntamiento de Tijuana por no exigirle el cumplimiento de las obras ni hacer efectiva una fianza de más de 2 millones de pesos, según la información proporcionada por los residentes.
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Claudia Cabanillas García, una de las vecinas que ha encabezado las gestiones, explicó que los habitantes comenzaron a solicitar la intervención del Ayuntamiento después de que Olachea Villa dejó de atenderlos.
Señaló que la responsabilidad municipal no consiste en realizar las obras, sino en requerir al desarrollador que las concluya y, en caso de incumplimiento, hacer efectiva la garantía para atender los trabajos pendientes.
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Entre las principales carencias se encuentra el sistema pluvial, que permanece inconcluso y representa un riesgo de inundación durante lluvias fuertes.
Cabanillas García estimó que una tercera parte del fraccionamiento podría verse afectada por una acumulación de agua de cara a temporadas de lluvia.
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Además de ello, se encuentran pendientes banquetas y nomenclatura de calles, obras que forman parte de los trabajos de urbanización que el desarrollador debía concluir antes de entregar el fraccionamiento al Ayuntamiento.
Asimismo, indicaron que la falta de terminación de los trabajos ha impedido a varios vecinos escriturar sus propiedades, debido a que los notarios requieren la constancia de terminación de obras de urbanización, conocida como F4.
A esto se suma una deuda de alrededor de 2.4 millones de pesos con la CESPT, relacionada con un medidor de control que, según los vecinos, permanece a nombre de Olachea Villa.
Los residentes también han asumido gastos de alumbrado público, pues de acuerdo con Cabanillas García, pagan entre 9 mil y 10 mil pesos mensuales por este servicio y han tenido que adquirir luminarias para mantener iluminadas algunas zonas, ante la falta de urbanización y entrega al municipio.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos promovieron un juicio de amparo en 2023. En mayo de este año, un juez federal emitió una sentencia favorable, según explicó Cabanillas García, en la que se señalaron omisiones del Ayuntamiento y se ordenó atender el cumplimiento de las obras establecidas en el acuerdo de autorización del fraccionamiento.
Sin embargo, el consejero jurídico del Ayuntamiento, Alejandro Rivero Huerta, aclaró que la sentencia todavía no es definitiva, debido a que el municipio presentó un recurso de revisión.
Explicó que será un órgano colegiado el que determine si la resolución se mantiene y estimó que el proceso podría tardar alrededor de seis meses, aunque dependerá de la carga de trabajo del órgano jurisdiccional.
“Al día de hoy no hay vencedores ni vencidos, hablando plenamente de una cuestión de un juicio. Habrá de ser un colegiado el que nos diga si tuvimos o no la razón a través de una sentencia”, sostuvo.
Rivero Huerta señaló que el Ayuntamiento considera que el fraccionamiento no ha sido entregado formalmente al municipio, por lo que no tiene pleno conocimiento de las condiciones actuales de las obras.
Por su parte, el alcalde Abdiel Gutiérrez Coronado aseguró que buscarán contactar a los vecinos para conocer directamente la problemática y establecer una mesa de trabajo para darle seguimiento.
El presidente municipal también reconoció que existen problemas con fraccionamientos que no han sido entregados al Ayuntamiento y señaló que, de acuerdo con sus registros, serían alrededor de 800 desarrollos en esta situación.
“Ya empezamos con precisamente con 43 fraccionamientos para que hagan entrega y vamos a seguir trabajando con todos los demás para regularizar estas situaciones”, afirmó.
