Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
En medio de una crisis de seguridad como la que se vive en Baja California, una quinta parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se destina a la protección de personajes públicos y privados, a diferencia de otras instituciones que apenas destinan el 3%, como es el caso de Mexicali
Con tres órdenes de aprehensión relacionadas con el robo de vehículos en diversas modalidades, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) capturaron a “El Choricero”, presunto líder de una célula criminal dedicada al hurto de autos en la Zona Poniente de Mexicali.
El secretario de Seguridad Ciudadana, General Gilberto Landeros Briceño, comentó que no se han tenido hechos graves o resultados que lamentar en los enfrentamientos con agrupaciones delictivas. Por su parte, el fiscal Ricardo Iván Carpio, aseveró que se inició una investigación formal sobre todas las mantas que han sido colocadas en días pasados.
Trasladaban a 8 migrantes mexicanos por una zona agreste, cuya intención era cruzar a los Estados Unidos; un presunto pollero fue lesionado y otros 7 quedaron bajo resguardo de la autoridad.
El ex líder del Cártel de Sinaloa, quien supuestamente estuvo durante más de 13 años “a salto de mata”, nunca fue molestado durante los dos periodos panistas, o al menos ese es el análisis que se desprende de varias peticiones de transparencia donde se confirma que de 2001 a 2014, no hubo un solo registro o documento que confirme algún operativo relacionado con una movilización para su captura
La noche del 14 de marzo, a cinco meses de iniciada su administración, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda prometió en entrevista que no habría impunidad ni protección a funcionarios del extinto mandato de Jaime Bonilla Valdez, pero también, que no habría imputaciones que no estuvieran justificadas.
Uno de los implicados dijo que fue obligado por un sujeto apodado “El Moki” o “Primo”, para ir a recoger una lona con el encargado de la caseta de Residencial Calzada, donde vive la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, pero asegura no tener nada que ver con el incendio de la patrulla en el Centro de Justicia de Río Nuevo.
