No sólo el combate a la delincuencia organizada ha sido un rotundo fracaso para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; también la investigación y procuración de justicia contra la delincuencia organizada, la cual ha sido exhibida por su inoperancia.
La Fiscalía General de la República (FGR) es el reflejo de su titular, Alejandro Gertz Manero, quien ha utilizado todo el aparato del Estado para venganzas personales y políticas, en lugar de enfocar sus esfuerzos en la investigación contra los generadores de violencia en el país.
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En una solicitud de Transparencia realizada por el autor de esta columna a la FGR, con número de oficio FGR/UTAG/DG/002300/2022, se confirmó el desinterés de la propia institución en identificar un serio combate a la delincuencia organizada.
Y es que en la petición -que logró ganarse luego de un juicio ante el INAI- pretendía identificar a las células y estructuras criminales que operan en cada entidad del país, además del cártel de la droga al que sirven. Luego de la pelea legal, se determinó que dicha respuesta no perjudicaba la investigación contra las agrupaciones delictivas, por lo que meses después se pudo obtener un documento de dos páginas en el cual se desglosa que México está dividido en nueve cárteles y 37 células o pandillas que responden a ellas.
Hasta ahí todo bien, el problema es que la FGR respondió que dicha información data de junio dl 2015, es decir, hace siete años, por lo que, aunque los datos no son falsos, resultan insuficientes para desglosar un mapeo de las agrupaciones delictivas en México.
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Esto tiene dos lecturas: la FGR decidió ocultar -intentando burlar la Ley de Acceso a la Información- datos relevantes sobre las agrupaciones delictivas; o simplemente han abandonado la investigación criminal desde el arribo de la Cuarta Transformación.
En Baja California se menciona a varias células dentro del Cártel del Pacífico, como la del “Aquiles” y la del “Tigre”; mientras que en el Cártel Arellano Félix, destaca la célula de “El Kieto”, “Los Jorquera” y “El Chan”.
De hecho, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no lo identifica como un grupo criminal que opere en Baja California, cuando su influencia es ampliamente conocida, sobre todo en Tijuana y recientemente se analiza si en Mexicali, pues se les vincula ampliamente con una manta amenazante que colgaron a las afueras del residencial donde viven la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su familia.
Increíblemente, la FGR no identificó a agrupaciones delictivas como “Los Cabos”, o a Pablo Edwin Huerta Nuño “El Flaquito”, e incluso “Los Rusos” o “Los Omegas”; tampoco mencionó a “La Chapiza” ni a agrupaciones delictivas como Los Garibay, o la influencia de Los Salazar en Baja California.
A lo largo de la historia se ha demostrado que la FGR le teme a la luz -incluyendo a la delegación de Baja California-, a la transparencia y la rendición de cuentas, donde presumen y argumentan sus tácticas de engaño justificadas de discreción, pero sus funcionarios pueden ser vistos ostentosamente en eventos y festejos públicos por las calles de Tijuana.
Sin embargo, desde el arribo de la Cuarta Simulación -digo, Transformación- existe una preocupación real de que realmente no cuenten con información actualizada, pues se han enfocado más en incursionar en la política que en la procuración de justicia.
Pero ¿qué se puede esperar de Gertz Manero, quien ya lleva ganadas varias batallas políticas, como la que sostuvo con el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, hasta el ex consejero de la Presidencia, Julio Scherer? Ambos enemigos del fiscal, ahora están fuera del gabinete presidencial.
