Tomando una postura temerosa ante los posibles manifestaciones de grupos opuestos en torno a la depenalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE), rechazó la solicitud de referéndum planteada por colectivos celestes que pretendían dar reversa a la reforma al Código Penal y la Ley de Salud del Estado, que permiten la interrupción del embarazo bajo ciertas causales.
En una kilométrica sesión que se transmitió vía virtual, toda vez que los consejeros no quisieron enfrentar a los grupos en favor de la vida y a las colectivas por medio de una sesión presencial y frente a la sociedad, la Comisión de Participación Ciudadana presidida por el consejero Abel Muñoz Pedraza, sometió a consideración del Pleno el dictamen 2, donde consideró trascendente, pero improcedente la petición de referéndum para someter a consulta la reforma que permite la interrupción del embarazo, aprobada en octubre del año pasado y publicada casi un mes después en el Periódico Oficial del Estado.
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Con seis votos a favor y uno en contra del consejero Jorge Aranda Miranda, se respaldó el proyecto salvo con unas pequeñas modificaciones en la justificación del dictamen, el cual básicamente consideró que dicha petición era un tema importante para la vida pública, pero por su naturaleza no podía someterse a una consulta, toda vez que se trata de un tema reconocido de Derechos Humanos.
Representantes de partidos como el PRI y el PAN, se manifestaron inmediatamente en contra de la postura, bajo el argumento de que el proceso parlamentario fue irregular y que la norma mayor, como lo es la Constitución de Baja California, todavía protege la vida desde la concepción.
Lo anterior fue referido por el representante Joel Blas Ramos, el cual aseveró que existe una libre configuración de los Estados que les permite mantener ciertas normas cuando así lo consideren.
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Agregó que existe una postura contraria entre lo que establece el Código Penal y la Constitución local, pero la segunda es la que debe ubicarse por encima de la primera.
Por su parte, el representante de Movimiento Ciudadano, Miguel de Loera, arremetió por las condiciones en que los consejeros de los partidos realizaron el proceso de justificación y presentación del proyecto ante el Pleno, además de declararse -al igual que su partido- a favor de los derechos de la mujer a decidir.
Luego de tres rondas de participación se volvió un tanto repetitiva la exposición de ideas, donde focalizaron sus argumentos en la legalidad o ilegalidad de la interrupción del embarazo y menos en el análisis del dictamen presentado por el propio consejero Abel Muñoz.
Sin mayores contratiempos, el secretario ejecutivo Raúl Guzmán, leyó algunas modificaciones minúsculas planteadas para reforzar la justificación del proyecto y sometió a consideración del Pleno la propuesta, misma que fue aprobada por 6 de los 7 consejeros.
