Oficialmente, se reducirá en un 86 por ciento la zona donde está prohibido pescar con redes de enmalle, pasando de 11 mil 106 km² a mil 562 km²”, anunció la noche del miércoles 15 de octubre del 2026, la gobernadora Marina Ávila Olmeda en sus redes sociales.
Tras leer el documento, pescadores de San Felipe se indignaron y acusaron a las autoridades: “el pueblo ya está cansado de creerle a ellos las mentiras” porque gran parte de la zona restringida que se redujo ni siquiera es funcional para la pesca. “…haremos lo que sea necesario para recuperar nuestro mar”, advirtieron, porque el decreto sólo favorece a las grandes empresas y a las transnacionales.
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Tímida, de baja estatura, sin vestimenta estrafalaria y con una constante tendencia a salir del cuadro, del foco, Ana Isabel García sólo se transforma cuando habla de la pesca. “Nada se ha arreglado, queremos recuperar nuestro mar”, es la frase lapidaria con la que concluyó su entrevista con ZETA esta pescadora convertida en activista a causa de las circunstancias y no como una estrategia política.
ZETA conversó con García, a un costado del asta bandera, ubicada en el centro del malecón de San Felipe, quien estaba acompañada de un grupo de pescadores, advirtió que no les han dado una solución y se mantienen en pie de lucha, listos para volver a tomar la carretera, sí el 28 de noviembre, fecha para la próxima reunión, no llegan a acuerdos. Informó que, mientras tanto, se definieron siete compromisos entre gobierno y pescadores para transitar durante los próximos 30 días.
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Las protestas por parte de pescadores de San Felipe comenzaron hace un mes a incomodar a las autoridades. Primero al Gobierno Municipal, dirigido por José Luis Dagnino, quien en varias transmisiones en vivo, realizadas por los mismos pescadores, lo cuestionaban y le exigían ser interlocutor, presentarle los problemas y necesidades de sus ciudadanos a las autoridades estatales y federales, pero no encontraron eco.
Al final, las peticiones de reuniones, y después los conflictos con elementos de la Secretaría de Marina, que tenían una política estricta para impedir la pesca en las zonas restringidas, se convirtieron, primero, en protestas públicas, y luego en plantones, afuera de la vivienda del propio José Luis Dagnino; también se presentaron a una vivienda ubicada a en la periferia de la diminuta mancha urbana, que de acuerdo a información en poder de los manifestantes, es propiedad de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, aunque los registros públicos no lo confirman.
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Tras el bloqueo carretero realizado el 15 y 16 de octubre por integrantes del gremio pesquero, los alfiles por parte del Gobierno del Estado, encargados de gestionar el levantamiento, fueron Juan José Pon, Secretario General de Gobierno; y Elvia Martínez, titular de Medio Ambiente en Baja California, quienes lograron una reunión con la subsecretaría de Semarnat, Marina Robles García.
EL PROBLEMA
Cuando la gobernadora anunció, con bombo y platillos, la reducción del 86 por ciento del polígono restringido para la veda de pesca en San Felipe, de poco más de 11 mil kilómetros a mil 500, hubo gran sorpresa y festejo por parte de un sector de la población sanfelipense, pues sería la primera reducción de una serie de medidas cada vez más restrictivas que se han generado desde el 2010, cuando se decretó el riesgo de extinción de la vaquita marina en un nivel de alta gravedad; y luego en el 2015, cuando se formalizaron las restricciones de pesca en el polígono del Alto Golfo.
Bajo el argumento de que la pesca permitida, pero principalmente la furtiva de totoaba macdonaldi (otro animal endémico), eran los principales enemigos de la vaquita marina, poque los ejemplares quedaban atorados en las redes, se fueron instaurando medidas más restrictivas, al grado de sembrar bloques sobre el mar para delimitar y afectar cualquier embarcación que intentara cruzar por el polígono.
El decreto publicado este mes, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), conformado por 22 artículos, en términos generales es benéfico, pero insuficiente, en especial para la mayoría de los pescadores, debido a que ese 86 por ciento de reducción es inaccesible para prácticamente todos los pescadores de San Felipe, y sólo las grandes embarcaciones, las que tienen aquellas empresas grandes e incluso trasnacionales, tienen capacidad para extraer animales marinos.
“Simplemente por las profundidades. Hay que ser conscientes de eso, de que simplemente pescar en 25 metros de profundidad para nosotros (no es posible); que toda nuestra pesca es artesanal, que no usamos ningún equipo hidráulico, ninguna fuerza mecánica, simplemente la fuerza de nuestro cuerpo”.
“…y para ellos (grandes empresas) pues es todo el beneficio”, refirió Pacífico Valdez, pescador del puerto, quien aseveró que la zona liberada por el gobierno es lodosa, irregular y llega a tener profundidades de más de 180 metros. Además de estar muy alejada de la costa, lo que complica el acceso a las pequeñas pangas, por lo que según Fernando Meza, también pescador, esa zona es, para ellos, mar muerto.
En el nuevo acuerdo publicitado por Ávila Olmeda, se mantienen los 225 kilómetros considerados de zona de “Tolerancia Cero”, donde no se permite ninguna embarcación salvo las que tienen como objetivo la investigación de las especies endémicas.
El gran problema es que estos 225 kilómetros y la zona donde se permite pesca que no sea con redes de enmalle, son las que se ubican justo enfrente del puerto de San Felipe, por lo que los pescadores no pueden acceder al mar inmediato, que además, es el más nutrido de especies.
Dentro del nuevo documento del DOF, no se establece información de resultados sobre la protección de la vaquita marina, pero sí refiere que han detectado posibles ejemplares en la parte Noroeste del Alto Golfo.
“…conforme a los resultados de las más recientes actividades de monitoreo acústico y visual de la vaquita marina, realizadas de mayo a septiembre de 2025, se confirmó una presencia importante de la especie en la Zona de Tolerancia Cero y en el área aledaña a la misma, hacia el Noroeste; en virtud de lo cual, las autoridades responsables de la inspección y vigilancia, con la colaboración de la organización Sea Shepherd Conservation Society, han reforzado la presencia y vigilancia en dicha zona, y mantienen una evaluación permanente para determinar las medidas necesarias para garantizar la protección de la especie”.
Por este motivo, se consideró que la restricción en la Zona Sur y este resultaba innecesaria, debido a que no detectaron evidencia de dicho ejemplar en peligro de extinción.
El acuerdo también establece que los pescadores se verán obligados a colocar sistemas de geolocalización satelital para poder pescar en los alrededores del área de Tolerancia Cero, sin el uso de redes de enmalle. También obliga a zarpar y desembarcar en el muelle de San Felipe y en el Zanjón, en el INDIVISO, donde autoridades federales revisarán los productos extraídos del mar; y advierte multas de hasta mil UMAS en caso de incumplir con los métodos permitidos para la pesca en las zonas de pesca controlada.
Juan José Pon, secretario General de Gobierno de Baja California, habló sobre el tema en la conferencia de prensa mañanera realizada el 20 de octubre. Ahí, aseguro que se llegó a un acuerdo con los pescadores, que tiene como objetivo darles un espacio para la pesca al Noroeste de la zona restringida.
Los pescadores indicaron que esto representa un problema por la distancia, pero se abrió la posibilidad para que utilicen una fracción adyacente al polígono de máxima restricción para cortar camino. Es decir, podrán circular en una ruta marítima, que les permita un mejor acceso, pues de lo contrario, tendrían que rodear todo el polígono para acceder al área de pesca.
Tanto Pon Méndez, como Elvia Martínez, secretaria de Medio Ambiente, aseguraron que este avance permitirá hacer gestiones en Estados Unidos, para intentar levantar el embargo camaronero en el puerto, el cual impide que los productos de San Felipe puedan ser exportados al vecino país del Norte. Lo que representaría que pudieran vender sus productos al doble de los precios que manejan en su venta minorista en Baja California.
Estos compromisos, a los que accedieron pescadores, ganaron tiempo para evitar manifestaciones en estos momentos, pero el 28 de noviembre se hará seguimiento a las peticiones de los sanfelipenses que exigen poder pescar de nuevo en la forma en que lo hacían.
“SON 10 AÑOS SEMBRANDO POBREZA”: ANA GARCÍA
En el Séptimo Municipio bajacaliforniano se dice que los sanfelipenses nacen sabiendo nadar y pescar. El mar, la brisa, los productos marinos no sólo son la principal entrada económica de la mayoría de los 24 mil residentes –entre flotantes y estables–, sino también la identidad de un puerto que desde hace 11 años se ve imposibilitado a vivir del único recurso basto que tienen, la pesca.
La definición de esta entidad como el “acuario del mundo”, calificativo dado por el explorador francés, Jacques Cousteau, se hizo realidad, porque los pescadores se volvieron espectadores de la basta diversidad de especies marinas que radican en las profundidades, limitando su acceso a la pesca hasta en un 80 por ciento.
La protección de la vaquita marina, un acuerdo cupular entre gobiernos y organismos internacionales, celebrado hace poco más de 10 años, ha sido pagado por los propios pescadores, según Ana Isabel García, porque durante este tiempo sólo han causado pobreza en la comunidad y sin ningún tipo de compensación por impedirles pescar libremente.
Francisco Meza, pescador sanfelipense, comentó que el 80 por ciento de los negocios del Séptimo Municipio están vinculados a la pesca, ya sea por el mismo oficio, como por la venta a restaurantes para su preparación.
Aseguró que antes de la veda, los pescadores llegaban a extraer hasta 200 kilos de camarón diarios en la temporada, mismo que se exportaba, pero también se vendía localmente. Hoy, en un día bueno se extraen entre 50 y 100 kilos, los cuales se extraen de en una zona aledaña al polígono de Tolerancia Cero, donde se ven imposibilitados a utilizar las mejores herramientas de pesca, y que corresponde al 20 por ciento de la totalidad del espacio donde solían pescar.
Pacífico Valdez aseguró que la inversión en sus embarcaciones, con todos los aditamentos, rondan en el medio millón de pesos, por lo que resulta complicado que con una panga con estas características pueda hacer grandes traslados de producto marino.
“Vamos a hacer esa propuesta que tenemos de que no nos vamos a quedar callados, no vamos a callar, vamos a seguir; y de este, pues si no hay solución para nuestro puerto, vamos a seguir con nuestras marchas y pues medios más fuertes”, refirió Ana Isabel García, quien agregó que buscan apoyo del Gobierno del Estado para que la SEMARNAT cambie los polígonos, y aunque están dispuestos a respetar algunas áreas, necesitan mejores condiciones para la pesca.
Al ser cuestionados varios de los pescadore en el lugar, aseguraron que en todos sus años de experiencia jamás han visto una vaquita marina, y reiteraron explorar la posibilidad de que el verdadero motivo de la extinción del cetáceo más pequeño del mundo se debe a que ya no desemboca el agua del Río Colorado en este punto, lo que reducía los niveles de sal en la parte Noroeste del Alto Golfo.
