La única aportación en la estructura del Poder Judicial por parte de los gobiernos morenistas, es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un ente conformado por magistrados que se encargarían de la investigación de jueces, magistrados y ministros, y de sus determinaciones, con el objetivo de garantizar -al menos en papel- el combate a la corrupción efectivo dentro de uno de los tres poderes de la unión.
Luego de la consumación de la reforma judicial -mecanismo mediante el cual se definió que la designación de todos los cargos titulares jurisdiccionales sean mediante el voto popular- a partir del 1 de septiembre del 2025, en todo el país no se han dejado de detectar errores o trampas, desde el marco legal general de la primera reforma hasta la interpretación de diputados de las entidades federativas, donde Baja California ha destacado por hacer lo que le vino en gana, con el objetivo de que tanto diputados, como funcionarios estatales y judiciales, beneficien a sus tribus.
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A escasos días de que se cumpla un año de la entrada en vigor de este nuevo Poder Judicial, en Baja California no se le ha dado vida el Tribunal de Disciplina Judicial, dirigido actualmente por la magistrada Guadalupe Ricardo.
En diciembre del 2024 se materializó la reforma constitucional que permitió el marco jurídico elemental para sacar adelante la elección judicial y tanto diputados como funcionarios establecieron que los detalles electorales como el funcionamiento de los nuevos órganos quedarían definidos mediante las reformas secundarias que acompañarían el andamiaje jurídico.
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La promesa resultó ser hueca, pues esto no ha ocurrido, y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado no contempla ni al Consejo de Administración ni al Tribunal de Disciplina Judicial. El problema es que el primero cuenta con un antecesor llamado Consejo de la Judicatura, cuyo funcionamiento es muy similar, por lo que gran parte de su funcionamiento no se ve afectado.
Una realidad diferente padece el Tribunal de Disciplina, cuyo único sustento jurídico es un acuerdo dentro del Consejo de Administración emitido el primero de septiembre del 2025, el cual es escueto y carece de solidez jurídica, por lo que, según abogados, puede servir como un mecanismo temporal, pero que a un año de su operación podría poner en riesgo los actos venideros de los magistrados que conforman el flamante cuerpo colegiado e incluso abre la posibilidad de que exista nulidad en los actos de gobierno realizados.
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En otras palabras, los magistrados Guadalupe Ricardo Rodríguez, Flor Olivia Ortegón Lizárraga y Manuel Nahum Rodríguez Chávez tienen a su disposición un cuerpo de 13 trabajadores, perciben un sueldo de 103 mil 434 pesos (libres de impuestos) y gozan de todos los privilegios y beneficios de ocupar un cargo de alta trascendencia dentro de la estructura criminal del Poder Judicial, pero sus acciones están sustentadas en prácticamente nada.
Esto significa una severa omisión legislativa y evidencia también una falta de gestión por parte de los magistrados disciplinarios, que viene acompañado de un conflicto político donde aparece el diputado morenista Juan Manuel Molina (responsable directo de que el tema no se haya reformado), el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López y el secretario General de Gobierno, Juan José Pon, de los cuales estos dos últimos han tenido rencillas verbales y debates jurídicos sobre las propuestas para crear o modificar una Ley Orgánica donde se incluyan las creación y las facultades del propio tribunal disciplinario.
En tanto, siguen sin poder concretar las evaluaciones anuales de desempeño de jueces y magistrados; sin poder ejercer facultades para la investigación específica y carece de nombramientos perfectamente definidos con sus funciones.
La realidad estatal es opuesta al Tribunal de Disciplina Judicial a nivel federal, donde al menos dan muestras de intentar combatir la corrupción o las malas prácticas, al grado que ya fue suspendido un juez federal en Ensenada, Rafael Cervantes, en nuestra entidad las cosas no avanzan, no se hacen y no se pone orden para tratar -al menos- que las cosas funcionen, como lo definió la Presidenta Claudia Sheinbaum y los legisladores federales.
Un año perdido en la investigación, evaluación y resultados del Tribunal de Disciplina Judicial, donde lo único que ha sido constante es el cobro del cheque que les corresponde y una agencia de colocación de amigos y “corridos” de otras instituciones.
