Más de 60 viviendas ubicadas a un costado del Río Tijuana fueron desalojadas ante el riesgo que representaban por su ubicación, mientras que cinco días después del operativo iniciado el viernes 16 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzó los trabajos de demolición y retiro de escombros en la zona, previo a la llegada de fenómeno del “Súper Niño”.
El desalojo de las familias comenzó luego de que Protección Civil del Estado notificara a los residentes desde agosto pasado y posteriormente declarara el área como de alto riesgo y ordenara la evacuación ante las posibles afectaciones por las lluvias.
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Cabe destacar que en la evacuación forzosa fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República, cinco personas, cuatro mujeres y un hombre bajo el argumento del artículo 395 fracción I en relación al segundo párrafo del mismo numeral del código penal federal (despojo) y 123 Bis 4 de la ley de aguas nacionales (alteración, desvío y obstrucción del cauce de agua). Los ciudadanos no se encuentran detenidos, ya que el delito no es de prisión oficiosa.
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Aunque el Gobierno del Estado anunció que se había desalojado al 100 por ciento de las personas, un pequeño grupo permaneció en las inmediaciones a la espera de recuperar sus pertenencias hasta el día siguiente.
Guillermina Valenzuela, residente que, según dijo, fue advertida dos días antes del operativo, explicó que, ante la falta de un lugar donde quedarse, fue una de las pocas personas que permaneció en su vivienda pese al desalojo. Señaló que sus condiciones económicas y el hecho de ser madre soltera de un menor con neurodivergencia le dificultaron reubicarse en otra zona tras el operativo.
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“Aquí dormí en mi casa, me dijeron que tenía que salir. Yo nunca he puesto resistencia para nada. Yo les dije: ‘Sí, me voy a salir, pero también, como mujer sola, necesito que me apoyen en algo para poderme salir, porque ya estoy vieja’”, explicó.
Entre las personas que permanecieron afuera de la zona de desalojo se encontraba Vitalio Pérez, quien explicó que algunos residentes se vieron obligados a dormir a un costado del perímetro asegurado o en parques cercanos.
El director de la Unidad Municipal de Apoyo Social (UMAS), Humberto Montiel, estimó que alrededor de 82 familias tenían predios en la zona desalojada, de las cuales únicamente 16 solicitaron y recibieron apoyo económico por parte del municipio.
Respecto al uso del albergue habilitado para recibir a las familias desalojadas, el funcionario indicó que ninguna persona hizo uso de las instalaciones, pues, de acuerdo con la autoridad municipal, las familias optaron por trasladarse con familiares o rentar habitaciones de hotel con el dinero del apoyo.
Aunque explicó que el monto dependió de la cantidad de personas que habitaban en cada predio, estimó que se entregaron entre seis y siete mil pesos por familia, lo que representó poco más de 96 mil pesos destinados a la atención de las personas reubicadas.
Por su parte, el secretario del Agua del Estado, Daniel Amador Barragán, señaló que se espera concluir la limpieza del perímetro en las próximas dos semanas, aunque las labores podrían demorar hasta dos meses para retirar por completo los escombros.
Para avanzar con los trabajos, la Conagua utilizó 20 máquinas pesadas para demoler las viviendas irregulares y retirar los escombros, con el objetivo de despejar la zona previa a llegar al mes de noviembre, cuando se espera la llegada de las lluvias.
