Loretta Ortiz Ahlf asumió, este martes 4 de enero, el cargo de nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución de José Fernando Franco González Salas -quien culminó su periodo el 11 de diciembre del 2021-, y se comprometió a desarrollar su función, durante los siguientes 15 años, con imparcialidad y autonomía.
El dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, afirmó que la SCJN dio “respuesta expedita” al recurso del presidente de la Cámara de Diputados para frenar al INE en sus intenciones de posponer la Revocación de Mandato
Informó que la resolución de la SCJN de que continúe realizando las actividades para la Revocación de Mandato con un presupuesto que en la óptica del organismo es insuficiente, “tiene carácter de provisional y no resuelve el asunto de fondo”
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), afirmó que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) ya no hay corrupción, ni nepotismo.
Si en un tema ha sido opaco el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, a punto de concluir, es en el manejo, distribución y operación del agua. En la etapa de transición, que no ha sido fluida como cree el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el todavía mandatario en Baja California ordenó, explícitamente, no entregar la información concerniente a los organismos del agua al equipo de la gobernadora entrante, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Hacia el final de su administración, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, ha recibido distintos reveses en un afán de sacar adelante proyectos, sin tomar en cuenta el criterio de otra autoridad o invadiendo competencias, según dan constancia resoluciones y argumentos emitidos al respecto.
Cientos de personas marcharon desde donde estuvo el toreo de Tijuana hasta Palacio Municipal para protestar por la posible despenalización del aborto en Baja California.
La diputada morenista Michel Sánchez Allende, presentó una iniciativa de reforma constitucional, al Código Penal y a la Ley de Salud Pública del Estado para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas.
El mandato de Jaime Bonilla Valdez se ejecutó entre la simulación y la inestabilidad política y económica, pero sobre todo jurídica. Con el pretexto de ser un gobernador “reformador”, la realidad es que su equipo jurídico intentó jugar con la Constitución y toda la estructura legal de Baja California, sin importarles las consecuencias de sus actos.