La diputada morenista Michel Sánchez Allende, presentó una iniciativa de reforma constitucional, al Código Penal y a la Ley de Salud Pública del Estado para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas.
El mandato de Jaime Bonilla Valdez se ejecutó entre la simulación y la inestabilidad política y económica, pero sobre todo jurídica. Con el pretexto de ser un gobernador “reformador”, la realidad es que su equipo jurídico intentó jugar con la Constitución y toda la estructura legal de Baja California, sin importarles las consecuencias de sus actos.
El camino se allanó para que la Cámara de Diputados apruebe la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, por dos años más de lo que señala la Constitución mexicana, dentro de las reformas realizadas al Poder Judicial.
La sesión del Congreso del Estado de Baja California Sur del 15 de marzo de 2021, tenía por objetivo reponer aquella del 17 de marzo de 2020, cuando se rompió la gobernabilidad en el Poder Legislativo y se instalaron dos mesas directivas.
El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la suspensión provisional contra la reforma a la industria energética promovida por el Presidente para ponderar a la Comisión Federal de Electricidad, pero además con efectos generales, lo cual indica que favorece a todos y no solo a quien solicitó el amparo de la justicia.
Después de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Asociación de Pensionados y Jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), “3 de Julio de 2017”, protestaron ante los medios de comunicación en Baja California Sur.
El año pasado, el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, interpuso el recurso de queja 3/2020, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 84/2020. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del Poder Ejecutivo con cinco votos.
