Es cómico seguir las razones por las que la ministra Loreta Ortiz, el ministro Zaldívar y la alumna de derecho Yasmín Esquivel, defendieron la “constitucionalidad” de la ley que incorpora a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Expertos, escépticos que la Guardia Nacional será manejada operativamente por civiles. También se declaró inconstitucional que titular de Sedena proponga al comandante de la corporación
Los seguidores del presidente López Obrador siguen considerando a la ministra como opositora y quemaron una piñata con el rostro de la magistrada presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Irinea logró que se tomara en cuenta la perspectiva de género ante el homicidio de una mujer, y se catalogara desde un inicio como Feminicidio, tras el asesinato de su hija a mano de su esposo, quien era funcionario público
A petición del Ministerio Público Federal, un Tribunal Colegiado en Jalisco remitirá el amparo en revisión del narcotraficante Jesús Héctor Palma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva si confirma, revoca o modifica la resolución
El Tribunal Colegiado envió un expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para destituir a todos los miembros del Consejo de la Judicatura en Baja California por incumplir con una sentencia de amparo de hace dos años.
Ya que en las dos anteriores colaboraciones hemos hablado de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y cómo México viola los instrumentos internacionales que ha suscrito, en los cuales se ha comprometido a no aplicar la prisión preventiva oficiosa, es menester que conozcamos algunos principios que son importantes.
El 5 de septiembre próximo, el Tribunal Pleno discutirá la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, así como el Amparo en Revisión 355/2021.
Continúa la discusión sobre el uso de la prisión preventiva oficiosa en México, la cual ha sido ampliamente violatoria a los derechos humanos y ha destruido el principio sobre el cual se sustenta el Sistema Penal Acusatorio en México, en el que injustamente muchas personas se encuentran en calidad de detenidos y, consecuentemente, privados de su libertad como si ya tuvieran una sentencia dictada en su contra y cuya defensa agotó todos los recursos para combatirla.
