Dos de los integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado rompieron el esquema de la austeridad en Baja California y de manera sorpresiva iniciaron una discreta batalla legal en contra del Poder Legislativo, para hacerse de beneficios mutualistas similares a los que sus compañeros magistrados y jueces obtuvieron en años anteriores.
Más dudas e incertidumbre que certezas, son las que envuelve al proyecto anunciado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para la creación de un Registro Estatal de Agresores Sexuales, pues pese a que se contempla en la Ley desde el 13 de agosto de 2021, la administración de Jaime Bonilla Valdez no dejó un solo cimiento para emprender la plataforma.
El próximo 8 de marzo se cumple un mes de la rotación de jueces en los juzgados de Baja California y para el Poder Judicial, hasta ahora, ha sido un acierto la estrategia para disminuir el rezago.
Entre presidentas y presidentes de barras y colegios de abogados de Baja California, al igual que jueces y personal del Poder Judicial de Baja California, coinciden que el enroque de jueces, es una medida que “se necesitaba” para mejorar la impartición de justicia; también señalaron que la decisión del tribunal “fue hecha al vapor”.
Un enroque masivo de jueces que integran el Poder Judicial de Baja California, fue ordenado ayer jueves 3 de febrero por los magistrados que conforman el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) en el cual -incluso- algunos jueces especializados serán enviado a otras áreas para atender nuevos asuntos en materia civil.
El presidente del Colegio de Abogados José Luis Molina Magaña, Abraham Montes Zavala, calificó de “insuficiente” el presupuesto que se le asignó al Poder Judicial de Baja California para el próximo año, el cual ascenderá a mil 184.8 millones de pesos.
“Apóyennos” para evitar la solicitud de ampliaciones presupuestales durante el año, planteó el presidente del TSJ a diputados locales este lunes en comparecencia ante Comisión de Hacienda y Presupuesto; solicitó partida para elementos armados en juzgados de Tijuana
Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha incrementado casi en 700 por ciento las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas en las delegaciones estatales del país, en la investigación de delitos del fuero federal, sólo aumentó el 3% en las peticiones para intervenir dispositivos tecnológicos en las pesquisas ligadas en contra de la delincuencia organizada.
