Con deudas a corto plazo por el 20% del presupuesto, se percibe incremento en rubros opacos. Fragozo justificó con rehabilitación de inmuebles
En los últimos siete años, el Poder Judicial ha operado con números rojos. Es decir, gasta lo que no tiene para cubrir necesidades básicas, lo que para especialistas es una forma de administración que tarde o temprano va a colapsar.
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Con 289 millones de déficit presupuestal de 2015 a 2021, el Poder Judicial evidencia en sus estados financieros la situación de crisis que padece debido al abandono en que se ha visto durante los últimos años por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los cuales han ahorcado el presupuesto de la institución al grado de otorgarle anualmente menos recurso del que requiere para subsistir, obligando al órgano colegiado jurisdiccional a que cada año solicite una ampliación presupuestal para cubrir sus necesidades mínimas.
Gran parte de lo descrito puede constatarse en el último análisis que realizó la agrupación Obserbc en julio de 2022, que parte de los estados financieros disponibles en la página de internet del Poder Judicial, donde se describe de forma general el manejo de recursos en los últimos años, pero también las nuevas distribuciones con base en los proyectos anuales de la institución.
Entre los puntos más destacados, se precisa el incremento del déficit presupuestal que se agravó a partir de 2018, en rubros como Servicios Generales; Mantenimiento; Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos; además de evidenciar la falta de pago de impuestos del Poder Judicial, pues la institución no cuenta con timbrado de nómina ni Registro Federal de Contribuyente (RFC), lo que puede representar un serio problema con la Secretaría de Hacienda del Gobierno de México.
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En entrevista, Armando Gómez López, de Obserbc, comentó que surgen grandes dudas sobre el manejo del recurso público del Poder Judicial, pero consideró que durante esta administración se logró una mejora, al grado que durante 2021 se obtuvo un superávit de poco más de 7 millones de pesos.
Sin embargo, para el especialista Roberto Valero Berrospe, se trata de una mejoría simulada, puesto que resulta incongruente tener un “ahorro” de 7 millones de pesos cuando las deudas superan los 200 millones de pesos, es decir, aproximadamente el 20% de presupuesto anual.
Por su parte, el magistrado presidente Alejandro Isaac Fragozo López dijo tener una explicación para todos los incrementos, puesto que se pusieron en marcha varios proyectos, entre éstos la creación de más Juzgados y la implementación del Sistema de Justicia Laboral Oral, que representó una importante erogación.
Para lo único que no tuvo explicación es para los adeudos que el Obserbc refiere tener, pues en sus cuentas -dijo- sólo se tiene un impago de 134 millones de pesos, los cuales no fueron cubiertos por el Poder Ejecutivo durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid, lo que agravó la situación financiera.
EL ESTUDIO DE OBSERBC
El documento hecho circular a los medios de comunicación consta de 38 páginas, en las que por medio de tablas y comparativos, describen el comportamiento financiero del Poder Judicial, el cual recibió un incremento presupuestal para 2021 a diferencia de años anteriores, en los que el presupuesto quedó prácticamente congelado.
Entre los puntos que quiso destacar Obserbc, destaca que en 2021 el Poder Judicial registró un superávit de 7 millones 240 mil 643 pesos por primera vez en los cuatro años anteriores, en los que registró números rojos.
También describió que cuenta con pasivos de casi 943 millones de pesos, de los cuales más de 200 son de deudas a corto plazo. Sin embargo, ninguno de los actores entrevistados pudo dar una explicación de estas cifras.
Gómez López aseveró que se deben depósitos de garantías por más de 700 millones de pesos, que tienen como objetivo garantizar que se lleve a cabo un procedimiento judicial, pero -señaló- es dinero que se resguarda en el banco y genera intereses que se utilizan para el pago de capacitaciones a funcionarios.
Armando Gómez consideró que este adeudo es normal, debido a la cantidad e incremento de juicios en la entidad.
Uno de los señalamientos destacados, es el incremento del 110% en el gasto de Servicios Generales, que en 2020 fue de 31 millones 677 mil 539 pesos, mientras que en 2021 alcanzó los 66 millones 461 mil 358 pesos, lo que para Armando Gómez y Roberto Valero, requiere una explicación detallada.
El documento hace especial énfasis en que durante 2017 la deuda a corto plazo era de 29 millones y para 2021 ascendió a 202 millones de pesos, teniendo el repunte a partir de 2018.
De igual forma, en la adquisición de mobiliario y equipo, puesto que el año 2020 se presupuestaron 571 mil pesos y para 2021 aumentó a 29, lo que según Valero, representa un gasto excesivo para muebles y equipamiento, puesto que se debieron adquirir bienes con una perspectiva de austeridad.
El rubro de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos aumentó de 2 a 10 millones de pesos; el de Arrendamientos, de 5 a 17 millones; Prestaciones a Empleados y Servidores Públicos, de 110 a 170 millones, y 10 a 28 millones los estímulos a los mismos.
Otro de los señalamientos es que el Poder Judicial sigue sin pagar impuestos por los salarios de sus trabajadores, lo cual genera un riesgo de sanción por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra de la institución, como ya ocurrió con un Poder Judicial en Tamaulipas.
El pasivo que llevaba a cabo el Poder Judicial es el que llevaba del fondo de garantías, es una deuda de Poder Judicial que ha incrementado, la garantía en juicios requiere un recurso monetario para garantizar el procedimiento. Esa tendencia crece por el número de juicio, pero lo que nos llama es la deuda a corto plazo, a qué se debe ese incremento en la deuda, cuatro subiendo.
“Pudiera ser, pero pues no sabemos a qué se debió ese incremento, por falta de liquidez y tuvieron que pedir recursos a créditos a cortos”, refirió el contador Armando Gómez, quien agregó que “si gastas más de lo que ingresas de un lado, debes obtener recursos, y esos recursos el mecanismo es un crédito a corto plazo, se ha gastado más”.
DESCONOCE TSJE DEUDA A PROVEEDORES Y BANCOS
El magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, dijo desconocer información sobre adeudos a cuentas bancarias o proveedores, asegurando que sus cuentas se encuentran en regla.
En entrevista para ZETA, el también presidente del Consejo de la Judicatura del Estado señaló que la única deuda que reconoce es la de 134 millones de pesos del Poder Ejecutivo, por no entregar participaciones federales correspondientes al Judicial, lo que representó un severo problema y retraso en el pago de nómina y de proveedores, pero -aseveró- éstas ya se cubrieron.
Respecto al incremento del rubro de Servicios Generales, recordó que el Poder Judicial es operativo y gasta aproximadamente el 90% de su presupuesto en este rubro, donde se incluyen los gastos de funcionamiento del mismo.
El motivo del incremento hasta 66 millones de pesos es porque, a diferencia de otros años, el Poder Judicial recibió el monto que requiere para cubrir sus necesidades básicas, algo que no ocurrió en años anteriores, y por ello, se veía obligado a pedir ampliaciones presupuestales de hasta 40 millones de pesos.
El incremento de este año en esta partida coincide con lo que se recibió en la ampliación presupuestal, “ahora sí le damos el mantenimiento (a los edificios), porque el edificio de Ensenada lo pintamos, la Ciudad Judicial, ya nos trasladamos, ya estamos operando; tenía cuatro años abandonado, nos metimos tres semanas, estamos abriendo Juzgados, obviamente dejamos de pagar rentas y metimos rentas en otros, porque vamos a abrir otro Juzgado Familiar, un local en Plaza Fimbres”, refirió para justificar los incrementos, asegurando que en años anteriores ni siquiera tenían para pintar o comprar el equipo mínimo para operar.
Agregó que la carga que representó la justicia laboral oral fue otro reto que generó el incremento presupuestal, puesto que son tres tribunales y se pretende abrir este año otro en San Quintín, lo que representa mobiliario nuevo y equipo.
También justificó los incrementos en torno al tema de prestaciones salariales, puesto que los secretarios de acuerdos y proyectistas, además de actuarios, tenían varios años sin recibir un incremento salarial, por lo que se intentó dignificar su labor mediante un pago extra y diversos tipos de prestaciones para tener mejores percepciones.
Fragozo López reconoció que tienen un problema con el timbrado de nómina y el pago de impuestos, pero sostuvieron reuniones con la presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandra Ang y la propia gobernadora, Marina del Pilar Avila Olmeda, para llegar a un acuerdo y empezar a pagar los impuestos.
Uno de los problemas que frenaba este requisito es que si por ejemplo un juez recibía una reducción salarial derivado de las retenciones de impuestos, tenía la capacidad de ampararse bajo el argumento de que sus percepciones no pueden reducirse bajo la protección de las leyes mexicanas, por lo que se encuentran trazando una ruta para burlar este problema.
MEJORÍA DEL PODER JUDICIAL, UNA “SIMULACIÓN”: ROBERTO VALERO
El académico y especialista en temas económicos, Roberto Valero, tuvo una percepción completamente distinta con el análisis del Obserbc, puesto que los incrementos expuestos carecen de detalles que ayuden a comprender los montos asignados.
Una de las principales críticas, es que se tuvo un incremento en el presupuesto de 2020 a 2021, que va de mil 5 millones 677 mil 219 pesos, a mil 192 millones 514 mil 335 pesos, lo que evidentemente mejoró las condiciones económicas del Poder Judicial.
Sin embargo, cuestionó el argumento del superávit de 7 millones 240 mil 643 pesos, cuando se tiene una deuda que supera los 200 millones de pesos y un déficit presupuestario de 289 millones.
“El asunto dice que tengo dinero en mi bolsa, pero debo el teléfono, la renta, el agua. Entonces, no, no tienes superávit; es un superávit engañoso”, refirió el especialista, para agregar que el dinero que no se pagó en las pasadas administraciones, sigue siendo deuda que arrastrará en años subsecuentes.
“Es demasiado dinero gastar 35 millones de pesos en bienes inmuebles, como le llaman ellos, sobre todo en un momento, el gobierno debe manejar austeridad, pueden comprar un escritorio, hay niveles de ellos, sencillos para trabajar y otro ostentoso, que es el que compran los funcionarios que te sirven para lo mismo. El asunto aquí es que es dinero público, estos amigos no tienen idea de la administración. Esa es la principal queja para administrar el recurso público no para gastarlo”, planteó Valero.
Aunque el magistrado Fragozo López no reconoce deuda, el economista apuntó que una práctica común dentro de los poderes, es que la falta de liquidez los obligue a contratar deudas a corto plazo, lo que al final termina por ahorcar financieramente, ya que no sólo se paga lo que no se tenía, sino que además se cobran intereses altos.
Para finalizar, el académico citó que los efectos de la pandemia no se perciben en los estados financieros, puesto que, durante el periodo de aislamiento, el Poder Judicial operó a su mínima capacidad, lo que indirectamente se transforma en ahorros para la institución y no se perciben ni se explica qué se hizo con ese dinero.
