Visiones sesgadas y particulares entre la FGE y el funcionario Miguel Bujanda, tienen en un brete al Servicio Médico Forense, donde los cuerpos se desbordan en un trato indigno. Falta panteón forense
En Baja California ha quedado claro que los Derechos Humanos no se respetan, ni siquiera cuando se habla de la muerte. En un Estado donde se puede asesinar a un niño que realiza una videollamada mientras camina por una zona de Tijuana, o donde se hacen manifestaciones para impedir la construcción de un albergue de migrantes o una casa hogar para mujeres víctimas de violencia -como ha ocurrido en Mexicali y Playas de Tijuana-, es difícil pensar que se creen las condiciones para un tratamiento digno ante la muerte.
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Baja California es una de las entidades que encabeza la incidencia delictiva en materia de asesinatos, con más de mil 800 en lo que va de 2022, y sólo por eso, ya sería necesario entender e identificar cómo estamos tratando a los cadáveres víctimas de las pugnas intestinas de la delincuencia organizada, pero también las violencias familiares y todas las consecuencias derivadas de malas políticas públicas.
Según información proporcionada por el propio Poder Judicial, el Servicio Médico Forense (Semefo) está desbordado y en algunos municipios se trabaja con casi el doble de su capacidad.
Por brindar un dato, en Mexicali se tiene una capacidad para albergar 100 cuerpos y, hasta la tarde del miércoles 14 de septiembre de 2022, había 140; en Tijuana se tiene equipo para resguardar a 370 cadáveres, pero se cuenta con 700; y Ensenada tiene 50 espacios, pero resguardan 70 cuerpos.
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Esto se debe a la cerrazón de la Fiscalía General del Estado (FGE), de no otorgar la liberación de cuerpos en un periodo de 15 días -como está marcado en el reglamento-, bajo el argumento de que complica el reconocimiento y entrega de cadáveres a las familias, puesto que, al enviarlos a fosa común, las víctimas padecen un calvario en el complejo proceso de exhumarlos.
Aunque la FGE pudiera tener parte de razón, la realidad es que sus actos generan consecuencias para el Poder Judicial, quienes ya han sido sancionados por autoridades federales debido a su condición insalubre.
A finales de 2019, el doctor César Raúl González Vaca presentó un proyecto a la hoy gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuando era presidente municipal de Mexicali. Se trata de la construcción de un panteón forense para resguardar los cuerpos no identificados por un periodo de siete años, con una serie de medidas para preservar los restos en las mejores condiciones; el proyecto pretende dar una muerte digna y facilitar los procesos de exhumación para familiares de desaparecidos, puesto que, en lugar de desenterrar cinco o seis cuerpos, simplemente se extraerían de una gaveta.
El proyecto está avanzando en la Capital del Estado, pero en Tijuana la situación es mucho más compleja gracias a un célebre personaje: Miguel Ángel Bujanda.
El ex particular de Francisco Vega de Lamadrid, ex diputado y actual secretario de Desarrollo Territorial y Urbano de Montserrat Caballero Ramírez, ha prometido y cancelado todo intento por ceder un terreno para la construcción del inmueble.
El gran candado de la muerte digna y del apoyo a familiares de desaparecidos, es el propio Ayuntamiento de Tijuana, que primero ofreció dos terrenos en el Cañón del Sáinz -a un lado del Cementerio Número 14-, pero cuando es momento de iniciar los trámites, Bujanda Ruiz los deshace.
Incluso, durante los últimos días de gobierno de la alcaldesa suplente Karla Ruiz MacFarland, se logró firmar un convenio para entregar un terreno, pero el cambio de administración municipal echó para atrás el proyecto.
El secretario ha puesto miles de trabas y no brinda soluciones; mientras tanto, el Semefo y las víctimas de desaparecidos siguen sentados, esperando a que se pongan de acuerdo y atiendan una problemática cada vez más urgente, cuyo único freno es la indolencia gubernamental.
