Admitió que su “plan B” sólo podría, sin violar la Constitución, reducir el presupuesto al INE, evitar compra del voto y empatar elecciones del presidente con la de legisladores. Sin embargo, no podría modificar la elección de consejeros y magistrados electorales.
Ahora propone que los jueces no apliquen en forma automática dicha medida cautelar, sino que la sometan a debate y resuelvan teniendo en cuenta los derechos fundamentales.
Para la jueza, la inconstitucionalidad de la reforma es evidente, ya que el artículo 21 de la Carta Magna, modificado en 2019 para crear la GN, expresamente ordena adscribir dicha institución a la SSPC y tenerla bajo un mando civil.
Iniciativa ordena informes semestrales y comparecencias de titulares de SEDENA, SEMAR, SSPC, y, SEGOB, para temas específicos de presencia de FF. AA. en materia de seguridad pública
Gritos, ofensas y acusaciones de compra de votos a opositores. Entre los riesgos de la militarización: violaciones a derechos humanos, policías relegadas e incentivación de la corrupción y opacidad
En las últimas cuatro semanas, el régimen autoritario y trasgresor de la Constitución -es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, autor de lo que yo llamaría las mayores deformaciones de la época democrática de México- nos ha recetado una doble dosis de aberraciones jurídicas.
Ya que en las dos anteriores colaboraciones hemos hablado de la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa y cómo México viola los instrumentos internacionales que ha suscrito, en los cuales se ha comprometido a no aplicar la prisión preventiva oficiosa, es menester que conozcamos algunos principios que son importantes.
En una semana, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pasó de gran operador político al destruir la alianza opositora “Va por México”, a actuar como Cantinflas en el tema de la presencia del Ejército en las calles.
El día miércoles 10 de agosto pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resolvió (en decisión divida de 4-2) tener por no interpuesto el Juicio Electoral en contra de la reincorporación de Jaime Bonilla como Senador. En esencia, consideró que era más importante averiguar quién había interpuesto la demanda y si tenía facultades para demandar, que estudiar -como auténtico Tribunal de Constitucionalidad- si la reincorporación viola o no el Artículo 125 constitucional.
Internos reclaman mala y raquítica alimentación. También se quejan de falta de programas para una reinserción efectiva, como trabajo, atención médica y deporte.
