Al aprobarse la permanencia de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028, el Poder Legislativo consolidó la política de Estado impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de militarizar al país, previa incorporación que se autorizó -en el mes de septiembre último- para que la Guardia Nacional dependa operativa y administrativamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La noche del martes 4 de octubre, el Pleno del Senado de la República aprobó con mayoría calificada, con 87 votos a favor, 40 en contra y ninguna abstención, la reforma al Artículo Quinto Transitorio de la Constitución, mediante la cual se permite a las Fuerzas Armadas extender hasta 2028, el permiso para que hagan labores de seguridad pública.
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La reforma contó con 74 votos de Morena y aliados. Completó su maniobra con 13 votos provenientes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Los 40 votos en contra fueron en su mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), algunos del PRI y del PRD, quienes llamaron traidores a los miembros de sus respectivas facciones que se unieron a los sufragios mayoritarios. La senadora Claudia Anaya no asistió.
Entre los legisladores que se doblaron en favor de Morena, están los priístas Carlos Aceves del Olmo, Eruviel Ávila, Jorge Carlos Ramírez, Silvana Beltrones, Mario Zamora Gastelum, Ángel García, Verónica Martínez, Manuel Añorve y Nuvia Mayorga Delgado. Pero sus compañeros de bancada, Beatriz Paredes Rangel, Claudia Ruiz Massieu y Miguel Ángel Osorio Chong, votaron en contrario. Los perredistas Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo avalaron la militarización, no así su compañero Juan Manuel Fócil Pérez.
Las reacciones no se hicieron esperar. La senadora priista Claudia Ruíz Massieu expresó que militarizar las labores policiales no será benéfico: “Nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad. ¿Qué queremos? Policías civiles fuertes, capacitadas, bien pagadas, que puedan hacer su labor la que les toca. Y ¿qué queremos? Fuerzas Armadas que hagan sus labores constitucionales y no estén haciendo labores que no deben hacer, para las cuales no están capacitadas, y que además las vulnera frente al crimen organizado, frente a la Ley y frente a la ciudadanía”.
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Entre alharaca, denostaciones, señalamientos de compra de votos, reclamos, amenazas y hasta lágrimas, algunas senadoras intensificaron el debate. La panista Lilly Téllez arremetió en contra de sus ex compañeros de Morena, a quienes lanzó toda su furia: “Ustedes de Morena no van a votar como perros, por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas, a la espera de las obras apestosas que les avienta el Presidente que pudre todo lo que toca”.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador celebró la reforma constitucional, y, en la conferencia mañanera del 5 de octubre, se dirigió a la oposición: “Aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional, y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública. Entonces, agradecerle también a los senadores porque hicieron a un lado la politiquería”.
El mandatario nacional reiteró su confianza en los soldados y marinos, al asegurar que ya modificaron su concepción acerca del respeto a los derechos humanos. La minuta, debido a que se le hicieron modificaciones, regresó a la Cámara de Diputados para su revisión, donde se informó que habrá una espera de una semana para que se efectúe la discusión correspondiente. La Comisión de Puntos Constitucionales citó a los diputados a las 13:00 horas del miércoles 12 de octubre para que se discutan los cambios que se le hicieron en el Senado y el jueves 13 se presente el dictamen.
El nuevo dictamen incorpora algunas propuestas de la oposición como el compromiso del Gobierno Federal a rendir informes cada semestre sobre las actividades desarrolladas por los militares, la creación de una cámara bicameral que les supervise y de un fondo especial para fortalecer a los cuerpos policiales locales para 2023 y no hasta 2024, como se acordó en el decreto original de 2019.
MILITARIZACIÓN COMPLETA
Apenas el 8 de septiembre, el Senado de la República aprobó que la Sedena asuma la operación y administración de la Guardia Nacional. El decreto de reforma fue publicado sólo un día después en el Diario Oficial de la Federación, y de impugnarse, a través de una acción de inconstitucionalidad, existe la posibilidad de que no se alcance la mayoría requerida de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar los artículos “militarizantes”, dada la cercanía de algunos de ellos con el proyecto gubernamental, estima un reporte especial de la empresa Integralia.
La compañía de consultoría en riesgo político, conflictividad social y planeación estratégica, realizó un estudio denominado “La militarización en México. Hacia la consolidación de una política de Estado. 2006-2022”, coordinado por Luis Carlos Ugalde y Paulina Creuheras, del que se desprende que con el decreto de la Guardia Nacional (GN), la militarización se consolida como una política de Estado en la administración de López Obrador, lo que implica una serie de riesgos y consecuencias.
Se estima en el reporte de referencia, que, aunque desde su creación la GN estuvo formalmente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en los hechos ha sido una extensión material y operativa de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los integrantes de la Guardia mantienen plaza y sueldo en la Sedena o la Secretaría de Marina (Semar), pero se incorporan “de préstamo” a la GN y únicamente el 29% cuenta con el Certificado Único Policial (CUP).
Para nadie es un secreto que durante la presente administración federal, los cuerpos militares y navales han asumido el control operativo y directivo de más de 20 funciones, incluyendo áreas estratégicas, ajenas a las de naturaleza castrense; por ejemplo, la construcción de infraestructura civil, la administración de aduanas marítimas y la participación en la operación de programas sociales.
Al mismo tiempo que se expande su actividad, las Fuerzas Armadas han obtenido mayores recursos públicos: desde 2007 a 2022, el presupuesto asignado a la milicia se incrementó 60.5 % en términos reales. En el último año, recibieron 142 mil millones de pesos, lo que significa que, tanto su poder fáctico -en la administración pública- como económico, han aumentado significativamente; en contraparte, también la violencia y algunos delitos, como la extorsión, el narcomenudeo y el feminicidio han aumentado 32.6, 36.5 y 7.4%, respectivamente.
A pesar del optimismo de AMLO en el sentido de que los militares ya cambiaron su perspectiva sobre el respeto a los derechos humanos, se trata de las autoridades que más quejas por violaciones a garantías constitucionales y derechos fundamentales acumulan. Además, se caracterizan por no informan sobre asuntos básicos para conocer su operación y evaluar su desempeño, tales como sus políticas y programas, su despliegue territorial o los eventos relacionados con presuntas violaciones a derechos humanos.
Entre los riesgos que conlleva la militarización, Integralia destaca que la participación del Ejército como proveedor de servicios básicos aumentará su peso en la toma de decisiones gubernamentales fuera de un contexto bélico. La militarización de la vida pública atenta contra la modernización de las instituciones civiles y fortalece la dependencia del Estado sobre las instituciones castrenses para diseñar y ejecutar políticas públicas. Al mismo tiempo, impide la formulación de políticas efectivas para la reducción de la violencia, ya que las Fuerzas Armadas están entrenadas para tareas de seguridad nacional.
Analistas refieren que la superioridad material del Ejército con relación a las policías locales favorece la concentración del poder en perjuicio de un federalismo funcional y balanceado. La creación de la GN y los recortes de apoyos locales en materia de seguridad han terminado por desplazar la tarea urgente de profesionalizar y equipar a los cuerpos policiacos civiles estatales y municipales. El contexto específico de las localidades demanda intervenciones regionalmente diferenciadas y la militarización es incompatible con la proximidad que requiere la pacificación.
Como ya se señalaba, los militares carecen de competencias para abordar asuntos civiles; más bien, los cuerpos militares están formados para eliminar las amenazas a la seguridad nacional y por ello son más proclives a incurrir en abusos de la fuerza y violaciones a derechos. Las víctimas de estas violaciones rara vez obtienen justicia, además de que las instituciones castrenses están menos sujetas a mecanismos de contrapeso, vigilancia y rendición de cuentas que los organismos civiles.
Bajo el argumento de la seguridad nacional, la milicia puede ser utilizada como vehículo de opacidad cuando el Gobierno Federal busca mantener lejos del escrutinio público determinado proyecto o programa. La entrega de recursos y facultades a las Fuerzas Armadas, junto con los constantes elogios en el discurso oficial y el arropamiento político incondicional, pueden incentivar a los cuerpos castrenses a alejarse de la lealtad institucional a la Constitución Federal y acercarse a la simpatía y respaldo al proyecto político del gobierno en turno. A corto plazo, esto implica una mayor interacción entre empresas e instituciones militares. A mediano plazo, generaría piso disparejo para competir, al actuar bajo una lógica empresarial y no de seguridad nacional.
ESPIONAJE A OPOSITORES Y PERIODISTAS
Luego que se filtrara información, presuntamente hackeada a la Sedena, que destaca el presunto espionaje de opositores políticos, activistas y periodistas por parte de la milicia a través del software Pegasus, el Presidente López Obrador negó que su gobierno realice estas prácticas: “No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores, no es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor.
“Entonces, si tienen pruebas que las presenten. Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores. Lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente. Y no somos lo mismo”, reiteró.
Por su parte, la Sedena emitió un comunicado en el que admitió la adquisición del equipo Pegasus entre los años 2011 y 2013, pero rechazó espiar a periodistas y activistas, mucho menos haberlo utilizado durante la presente administración. Presuntamente las acciones por las que se acusa espionaje al medio castrense, trata de labores de inteligencia contra el crimen organizado.
