Internos reclaman mala y raquítica alimentación. También se quejan de falta de programas para una reinserción efectiva, como trabajo, atención médica y deporte. Señalan a comandantes y oficiales por tortura y malos tratos. Y continúa el desacato a la sentencia de homologar precios en las tiendas del penal con los del comercio externo
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La Jueza de Distrito de Ejecución de Penas en el Estado de Michoacán admitió la controversia colectiva por caso urgente presentada a nombre de 237 personas privadas de libertad en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 17, CPS Michoacán, con residencia en Buenavista Tomatlán.
El escrito presentado por defensores y activistas de derechos humanos en favor de los presos reclama la alimentación de mala calidad y en cantidad insuficiente, la falta de actividades y programas para una reinserción social adecuada, actos de tortura, abusos de autoridad y malos tratos de algunos elementos de seguridad, así como el incumplimiento de la sentencia que ordeno homologar los precios de las tiendas del penal federal a los de los comercios del exterior.
En el rubro de la alimentación, se argumenta que la comida no cumple con los estándares que la Constitución y los instrumentos internacionales que México ha suscrito reconocen, como lo es el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Mucho menos se justifica el presupuesto institucional dotado por el Estado con suficiencia a la magra calidad con que se entrega la comida.
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También destaca el reclamo en la vía judicial la falta de reinserción social efectiva, pues los ejes establecidos en el artículo 18 constitucional no se cumplen, ya que no hay actividades y programas para cumplir con las bases del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y el deporte, con lo que no se puede materializar el plan de actividades diseñado para cada interno.
“El derecho a la salud es deficiente, en virtud que no cuenta con los insumos médicos necesarios, así como especialistas en el área médica que brinde un servicio de calidad para la preservación de la salud”, detalla el documento que fue remitido vía electrónica de manera directa por los quejosos para plantear su petición a la juzgadora.
Agrega: “asimismo, en esta institución penitenciaria no existen actividades deportivas que organicen las áreas técnicas, para cumplir con el mandato constitucional”, a lo que se suman la sobrepoblación, falta de capacitación del personal, deficiencia en atención a adultos mayores, inadecuada vinculación de los reclusos con la sociedad, insuficiencia de vías para formular de quejas e inexistencia de capacitación para el trabajo y dificultad para acceder a los beneficios preliberacionales.
· Tortura y malos tratos
Los inconformes piden además se atiendan las denuncias y señalamientos realizados ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de comandantes y elementos de seguridad penitenciaria de nombres Alejandro F. “El Chagui”, Cristian S. y Roberto Ch., quienes cuentan con imputaciones de diversos internos por atentar contra su integridad física en diversos asuntos.
En esta controversia se hace referencia a la presunta agresión sufrida por los reos Cristian Alan M., Eduardo B., y Andrés G. el 24 de marzo último, cuando estos últimos realizaban una resistencia pacífica reclamando mejoras en sus condiciones de internamiento. Según el dicho de los denunciantes, los oficiales con elementos a su mando les golpearon brutalmente y les aplicaron gas lacrimógeno en sus partes íntimas, en hechos ocurridos en el dormitorio ECO-6 del penal michoacano.
Ver nota: https://zetatijuana.com/2022/03/presos-del-cefereso-17-anuncian-resistencia-pacifica/
Contra los mismos elementos de custodia, aunque no es materia de esta controversia, ya se había presentado otra denuncia ante la FGR, por parte del interno Edgar Alejandro P., mejor conocido como “El Cabo 8”, quien el 2 de febrero solicito le cambiaran de modulo por problemas con los internos del dormitorio ALFA-4. Le trasladaron a otra estancia sin sus pertenencias durante cuatro días y por reclamar fue amenazado por el grupo anti-motines.
“El Cabo 8” se quedó aislado en una celda sin cobijas, sin papel higiénico, pasta de dientes, ni cepillo. “La comida la consumí a un metro de distancia del escusado, ahí me bañaba con agua del lavabo, con un vaso me echaba agua en la cabeza y cuerpo, nada más me enjuagaba porque ni jabón ni shampoo tenía (…) dormí pasando frio y dolor de espalda porque dormía en la pura plancha de acero inoxidable y durante la noche baja la temperatura y se pone muy helada”, concluyó el preso.
Finalmente, en el reclamo recién presentado se hace referencia al incumplimiento de la sentencia dictada por la jueza de Ejecución de Penas en la controversia 12/2021 promovida por el ex interno Alejandro L.P.D.L, formulada cuando aún estaba privado de libertad, y en la que la impartidora de justicia ordeno que, de manera general, todos los Ceferesos de México, tuvieran precios homologados con los de los comercios a los que accede la población general del país.
Ver nota: https://zetatijuana.com/2022/04/sin-acatar-ajuste-de-precios-en-prisiones-federales/
A la fecha se ha hecho caso omiso a la resolución por parte de la titular del Cefereso 17, quien presuntamente ha incurrido en probable desacato a la sentencia, violentando con ello el estado de derecho, en virtud que los precios de los productos de las tiendas dentro de la institución carcelaria continúan por encima del valor de los productos que consume la población en general.
Los abogados y los internos inconformes esperan que la controversia promovida se resuelva de acuerdo a sus intereses.
