Por mayoría de votos de Morena y sus aliados en el Congreso de Baja California, se retiró del orden del día la solicitud de juicio político propuesta por el PAN en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Morena en el Congreso de Baja California eliminó del orden del día la solicitud del PAN para llevar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, a un juicio político ante el Congreso de la Unión.
Durante una rueda de prensa realizada antes de la sesión extraordinaria del Poder Legislativo, la bancada del PAN, junto con su dirigente estatal, Lizbeth Mata Lozano, informó que presentaría una solicitud de juicio político en contra de la mandataria estatal ante el Congreso de Baja California y, de ser aprobada, esta sería remitida a nivel federal para enjuiciar a Ávila Olmeda, con el argumento de los audios filtrados y la fracasada estrategia de seguridad.
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“Derivado de los acontecimientos de todo lo que está pasando y que estamos sufriendo, de la situación tan crítica que estamos atravesando en todas las materias, en salud, educación, energía, seguridad, hay un tema que resalta es la crisis política; unos audios que compromete una información delicada que se tocan en las mesas de seguridad para que sea moneda de cambio y tener un beneficio personal”, dijo el legislador Diego Echevarría.
Antes de iniciar la sesión, ciudadanos se dieron cita en la sala Benito Juárez para exigir la destitución de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la salida de Morena del poder.
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Ya iniciada la sesión, fue el diputado Juan Manuel Molina García quien propuso quitar del orden del día la solicitud de la oposición, argumentando que el Congreso local no contaba con facultades para ponerla a discusión y que es únicamente el Poder Legislativo federal quien puede hacerlo.
Lo propuesto por el PAN fue finalmente eliminado por mayoría de votos de Morena, dejando sin efecto la solicitud de juicio político.
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Cabe recordar que, desde 2024, tras una modificación a la ley, Baja California es el único estado que no puede aprobar un juicio político en contra de su gobernante, situación que fue criticada por la oposición durante la sesión de este jueves, con el argumento de que dicha reforma “se planchó” para no dañar a la mandataria estatal.
