En la primera quincena de junio, la Policía Cibernética de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) reportó nueve líneas telefónicas con las que intentaron extorsionar y en algunos casos tratando de cobrar piso a familias de Baja California Sur.
Baja California Sur sigue atrasado en la lucha contra la corrupción, actualmente se cuenta con seis candidatos a ocupar el cargo de fiscal Anticorrupción, pero apenas serán sometidos a las rigurosas pruebas para determinar si son o no aptos para ocupar el cargo.
Desde la tableada a la que fueron sujetos Rolando Castillo, de 47 años, originario de Sinaloa, y Juan José Villalobos, de 22, oriundo de El Pescadero en pleno Festival del Chile y la Fresa en la comunidad de El Pescadero
Al menos 31 cuerpos han sido localizados en fosas clandestinas y van 55 personas desaparecidas y no localizadas, de 168 denuncias de desaparecidos denunciados en el gobierno del morenista Víctor Manuel Castro Cosío. Así lo pública el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
La titular de la Secretaría de Salud de Baja California Sur (SSABCS), Zazil Flores Aldape, confirmó que se ha detectado en el municipio de Los Cabos el primer caso de la variante BA.2, esto según resultados entregados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).
En poco más de siete minutos se leyeron los motivos, la discusión y se dio la aprobación del incremento salarial a funcionarios públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI) de Baja California Sur. A manera general, el aumento fue de 14.43%.
Cuando el abogado inmobiliario Erick Jovan Murillo Carrillo, de 45 años, se dirigía a su despacho jurídico ubicado en el domicilio marcado con el 3557 de Josefa Ortiz de Domínguez, entre Jalisco y Oaxaca de la colonia Pueblo Nuevo en La Paz, nunca se imaginó que lo estaban esperando hombres armados.
Desde la primera semana de febrero, oficialmente se confirmó actividad de una banda de extorsionadores que operaba en Puerto San Carlos, Ciudad Insurgentes y Ciudad Constitución, cobrando piso a los pescadores para vender su propio producto, pese a que el Gobierno del Estado, a través del secretario general, Homero Davis Castro y su titular Víctor Castro Cosío negaron que existieran casos de extorsión en las comunidades pesqueras.
