Pocas veces en el pasado, los gobiernos municipales y estatales, además de los legisladores del estado, habían mostrado una enorme diferencia en relación con los grupos de la Iniciativa Privada, los Colegiados y por supuesto con los Organismos de la Sociedad Civil que realizan su trabajo, tratando de hacerlo bien, sin imitar al Presidente.
Nacido en medio de la devaluación del peso de 1982, Grupo Tersa sorteó una inflación de 470% en los primeros meses de vida. Pese a la adversidad, su fundador, Rodrigo Valle Hernández, vio una oportunidad en la crisis. Con esfuerzo y tenacidad, hoy la empresa bajacaliforniana es líder regional en venta de llantas.
El inicio del ciclo lectivo 2022-2023, en el que regresarán alrededor de 900 mil alumnos de educación básica, media superior y superior a las aulas en Baja California, significa un golpe a la economía de las familias, de por sí ya afectadas por la alta inflación registrada en la entidad.
“La seguridad para la sierra es un tema muy delicado”, así inició uno de los integrantes de la Asociación Ganadera en el Estado su respuesta, cuando se le preguntó cuál era el tema que más les preocupa en estos momentos, “incluso estamos buscando un acercamiento con las autoridades del Gobierno del Estado
Como posesionarios, 39 familias buscan que el Gobierno del Estado les otorgue una casa como indemnización por haber perdido su hogar en el año 2018, cuando se registró el derrumbe de la colonia Lomas del Rubí, en el que hubo más de 140 familias afectadas
La opacidad y versiones encontradas de funcionarios de la administración que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda en Baja California, respecto a lo que acontece al interior del albergue de DIF Estatal en Tijuana, muestra la crisis de Derechos Humanos que se ha generado en los últimos diez años con los menores “rescatados” por el organismo gubernamental.
La investigación corresponde a la denuncia presentada en 2019 por el ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, contra de Vega de Lamadrid y otros ex funcionarios.
Arturo Osuna, quien labora en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) desde hace más de 30 años, aun cuando ya debería haberse jubilado, tal y como dicta la ley, denunció a ZETA que la paraestatal lo ha retenido durante tres años.
