Ante falta de pruebas, no vinculan a proceso a tres ex funcionarios de Vega de Lamadrid por abuso de autoridad en el presunto desvío de mil 586 millones de pesos
La investigación corresponde a la denuncia presentada en 2019 por el ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, contra de Vega de Lamadrid y otros ex funcionarios.
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Sin embargo, Vega de Lamadrid quedó fuera de la investigación en diciembre de 2020, por lo que el proceso continuó contra sólo tres ex subsecretarios de Finanzas de su administración.
PRUEBAS INSUFICIENTES DE LA FISCALÍA
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Según la Fiscalía General del Estado (FGE), José Luis Berumen, Isauro López Cárdenas y Miguel Ángel Rodríguez Castro, fueron quienes realizaron pagos a través de sus subordinados con un valor de mil 586 millones 150 mil 299 pesos, a 91 empresas no registradas en el Padrón de Proveedores de Baja California ni en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.
Detallaron que entre noviembre de 2013 y marzo de 2015, y posteriormente entre febrero de 2018 y octubre de 2019, López Cárdenas realizó pagos a empresas irregulares con valor de 579 millones 460 mil 073 pesos. Por su parte, José Luis Berumen fue señalado de realizar pagos irregulares por 125 millones 220 mil pesos entre marzo de 2015 y enero de 2016. Finalmente, a Miguel Ángel Rodríguez le imputaron pagos entre 2016 y 2018 de hasta 851 millones 568 mil 978 pesos. Todos mientras desempeñaban funciones como subsecretarios de Finanzas.
En el caso de Isauro López, las empresas y personas a las que presuntamente pagó fueron Administradora y Capacitación Helú; Agento Corporativo, SC; Alfatam Consorcio, SC; Ambra Consultores; Buró de Servicios Especializados Mosel; Cifo Technologies; Comercializadora Romdronk; Constructora y Distribuidora Minuit; Deganos; Explocean, S de RL de CV; Genco Asesores; Gnm Contadores; Gomariz Mas Consulting; Grupo Adsul; Grupo Mondragón y Montenegro; Grupo Sufren; Grupo Tramitador y Asesoría Legal; Kaspher Proyectos Insumos y Mantenimiento Universal; Kelev; Leviatan Solutions; Logistics y Planificación Empresarial; Manalv SC; Marco Antonio Pedroza Zapata; Marketing Cubo; Marlon Consultores, SC; MC Medios y Diseño, SC; Nolcom Consulting; Rubens Asesores, SC; RVC Distributions, SA; Servicios Empresariales Alicxor; Servicios Administrativos Corum; Servicios Empresariales Aplicados Gluvitec; Servicios Profesionales Empresariales Macplate; Servicios Ridlan; Servicios Sampati; Servicios Suministro y Capacitación de Personal; Servicios Yentik; Sistemas Ruxer; Técnica Aplicada en Estudio y Diseño Empresarial, SC; Trámites y Empresas Organizadas del Centro; y VR CH Expertos Consultores.
Asimismo, a José Luis Berumen se le atribuyen pagos a Explocean, S de RL de CV y Estrategas Tecnologías.
Mientras que a Miguel Ángel Rodríguez le imputan pagos a Abastecedora Comercial y de Servicios Britmore; Administradora de Servicios Borak; Administradora y Capacitación Helú; Administradora de Personal y Capacitación del Centro; Ambra Consultores; Annova Consultores; Asesoría Empresarial Zano; Avalúos y Peritajes del Sur; Bufete de Consultoría; Asesoramiento y Análisis de Laboratorio; Comercializadora Aruvia; Comercializadora Empresarial Macblan; Comercializadora Merika; Comercializadora Romdronk; Comercializadora y Distribuidora IRC; Concentradora de Empresas Priantes del Centro; Consorcio Mexicano de Arrendamiento y Factoraje Santa Fe; Construcción y Materiales Proyecto 9; Constructora y Distribuidora Minuit; Distribuidora y Comercializadora Piñón; Estructuras en Postensados, Obras y Diseños Castropol; Flash Administración; Porta Maquilados; Gestoría Porto Novo; Gestica Servicios Comerciales, SC; Gnm Contadores, SC; Grupo Constructor de Mercados, SC; Grupo Ladac; Grupo Sufren; Grupo Tramitador y Asesoría Legal.
Así como Invactil; Jorge de Jesús Obregón Maldonado; Kaspher Proyectos Insumos y Mantenimiento Universal; Logistics y Planificación Empresarial; Marketing Lab; Marlon Consultores, SC; Maxfun, SA de CV; MC Medios y Diseño; Negma Servicios Profesionales; Nolcom Consulting; Noptam; Papelería Pelmat; Publicidad DAM; Rubens Asesores, SC; Servicios Empresariales Alicxor; Selgus; Servicios Administrativos Corum; Servicios Brooklyn; Servicios de Informática y Asesoría Profesional; Servicios Empresariales Aplicados Gluvitec; Servicios Insour; Servicios Kalpa; Servicios Noptam; Servicios Profesionales Concordia, SC; Servicios Profesionales Empresariales Macplate; Servicios Ridlan; Servicios Sampati; Servicios Weston; Servicios Yentik; Sistemas Ruxer; Socios Impulsores, SC; Técnica Aplicada en Estudio y Diseño Empresarial, SC; Tecnología Artecod; Trámites y Empresas Organizadas del Centro; VR CH Expertos Consultores; Xar Vera Luvianonte y Estrategas Tecnologías.
Señalaron que a estas empresas se les pagó sin siquiera contar con un licitación o adjudicación directa que justificara su contratación.
En la carpeta de investigación, la FGE indicó que los tres individuos instruyeron personalmente a sus subordinados realizar la mayoría de los pagos extraordinarios y transitorios. Entre estos empleados nombraron a Silvia Lara, quien fungió como directora de Egresos y testificó en contra de los ex funcionarios.
A Lara se sumaron los nombres de Juan Manuel Romero Bastida y Erik René Soto, quienes también fueron subordinados de los subsecretarios y testificaron de igual manera contra ellos.
Asimismo, detallaron que la Auditoría Superior del Estado detectó 273 operaciones irregulares con 100 proveedores por los mismos mil 586 millones de pesos, todas con la leyenda “Con instrucciones de los titulares”.
Luego de todas las pruebas, y de revisar factura por factura, la jueza María de Jesús Zamorano no encontró pruebas suficientes para vincular a proceso a los ex funcionarios por el delito de abuso de autoridad en ninguno de los elementos presentados por la FGE.
Mencionó que la Fiscalía no dejó claro de qué manera “utilizaron” a los subordinados mencionados para realizar dichas operaciones. De igual forma, que Silvia Lara no especificó en su testimonio cuántas facturas supuestamente le hicieron firmar, para qué empresa o por qué cantidad.
En el caso de las facturas expedidas por cantidades millonarias a dichas empresas, señaló que la FGE no logró determinar cuándo se pagaron éstas, como tampoco dejaron en claro de qué dependencia provinieron los mil 586 millones de pesos pagados a las empresas o de qué manera afecta a la administración estatal la falta de este recurso.
En ese sentido, afirmó a los agentes del Ministerio Público no haber realizado una investigación verdaderamente exhaustiva para acreditar dicho delito. Es decir, que la denuncia de Amador Rodríguez Lozano y Jaime Bonilla Valdez presentada desde 2019 no sólo no pudo imputar a Francisco Vega o alguno de sus altos funcionarios, sino que tampoco logró vincular a proceso a sus presuntos operadores por un delito menor, ya que el abuso de autoridad sólo contempla sentencias de dos a nueve años.
Christian Galarza Especial para ZETA
