Autoridades “hacen actividades para iniciar gobiernos con una bandera de una alianza por combate a la corrupción, pero en los hechos no hay ningún avance”, reclamó presidente de Tierra Colectiva
El Juez de Control, Bernardino Ahumada, desechó la acusación de abuso de autoridad propuesta por la FGE, pero estimó las acusaciones por Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades; y Peculado, en contra de bonillistas.
Ante el incremento de la temperatura y el déficit de energía eléctrica de Baja California, el 5 de septiembre, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda pidió a la ciudadanía apagar lámparas, focos y electrodomésticos que no estuvieran utilizando para ahorrar energía y así evitar apagones.
La audiencia generó nueva fecha a raíz de que la FGE no entregó el expediente de forma temprana a los abogados; defensa de bonillistas fue conformada por numeroso grupo de juristas de la CDMX y Baja California.
La investigación corresponde a la denuncia presentada en 2019 por el ex secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, contra de Vega de Lamadrid y otros ex funcionarios.
El 1 de julio, el Gobierno de la Ciudad de México anunció la creación de la Coordinación de General de Relaciones Interinstitucionales como parte su estructura orgánica e informó que el ex secretario general de gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano, quedaría al frente de la nueva dependencia.
Pareciera que Claudia Sheinbaum, alias “La Corcholata”, no hallaba cómo llamar la atención ante el reciente descenso de su popularidad entre el electorado nacional; el mejor escenario que encontró fue el ajuste de su gabinete, así que decidió echar mano de uno de los funcionarios más reciclados del noroeste de nuestro país: Amador Rodríguez Lozano.
Pero citar a Jaime Bonilla no fue fácil. De hecho, el 21 de junio, cuando la Fiscalía General del Estado solicitó citarlos al Poder Judicial, en su caso fue denegada la petición, justificándose en el Artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual refiere el fuero que, en su caso, tienen los senadores.
La Fiscalía General del Estado (FGE) que comandó Guillermo Ruiz Hernández durante el bienio de Jaime Bonilla Valdez, simuló una investigación en torno al caso de los moches, considerado el primer escándalo de corrupción de la administración bonillista
