El 11 de mayo se cumplieron seis años de la gran reprimenda de la SCJN al primer gobierno morenista en Baja California, el cual intentó abusar de su poder para “regalarse” tres años más
Que no se olvide. Que se recuerde como una fecha ignominiosa, lamentable, de lo que una política inescrupulosa puede intentar cuando el único interés es perpetuarse en el poder.
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El pasado 11 de mayo se cumplen seis años del “fraude constitucional”, adjetivo utilizado por el entonces ministro Arturo Zaldívar Lerdo de Larrea, al referirse a la reforma constitucional al Octavo Transitorio, ejecutada por el último Congreso de mayoría panista en Baja California, que le abrió la posibilidad al morenista Jaime Bonilla Valdez de perpetuarse tres años más al bienio por el que fue electo en el proceso electoral de 2019; una jugarreta político electoral cínica y corriente que tuvo que salir del manual del viejo priismo… y así fue.
En aquel entonces, cuando todos los morenistas jalaban para el mismo molino, todos operaron para perpetuar a Bonilla Valdez, sin importar las consecuencias para el partido, para Baja California, para la democracia y para el Estado de Derecho.
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Ahí participaron todos: desde el fiel amigo de Bonilla, Amador Rodríguez Lozano; Guillermo Ruiz Hernández, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Carlos Torres Torres, y demás políticos que se encargaron de negociar una reforma imposible, pero que no se cansaron de defender.
Fueron 21 diputados de las diversas fuerzas políticas que, en lugar de ser recordados y castigados por la historia, los morenistas los reconocieron; y hoy en día, muchos de ellos permanecen en la vida pública, política y gubernamental al amparo de ese partido.
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Que no se olviden los nombres de los defraudadores de la Constitución, junto con los arriba mencionados, que son:
Alejandro Arregui Ibarra, secretario del Trabajo de Marina del Pilar (antes PRI ahora de Fuerza X México); Claudia Agatón Muñiz, presidenta municipal de Ensenada por Morena; Blanca Patricia Ríos, regidora de Morena en Mexicali; Catalino Zavala Márquez, vocero de Morena en Baja California; Rocío López Gorosave, ensenadense y diputada federal por Morena en Tijuana; Carlos Torres Torres, exdirector de Proyectos Estratégicos y exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila; Luis Moreno Hernández, ex PES y convertido en uno de los grandes opositores de papel, quien terminó trabajando para Jaime Bonilla Valdez y Marina del Pilar en cargos de bajo rango.
Pero también hay otros que siguen en la actividad política, como Victoria Bentley Duarte, quien después de trabajar para Jaime Bonilla, fue opositora candidata del partido Redes Sociales Progresistas; Raúl Castañeda Pomposo, expanista ahora refugiado en el PES; Víctor Manuel Morán, exdiputado de Morena que se peleó con Bonilla y quedó relegado por su incapacidad política; Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, expriista refugiado en el PVEM (ahora aliado de Morena), donde compitió por una diputación; Édgar Benjamín Gómez, expriista y ahora del PES; también Bernardo Padilla, priista vinculado al grupo Caliente.
Respecto a los “perdidos” en la historia, se encuentran Alfa Peñaloza Valdez y Mónica Hernández, quienes se refugiaron en el equipo de Jaime Bonilla Valdez; Iraís Vázquez Aguiar, ex senadora suplente del PAN; Sergio Tolento Hernández, Ignacio García Dworak, Job Montoya Gaxiola, ex Movimiento Ciudadano; Triny Vaca Chacón, excolaboradora de Montserrat Caballero; y José Félix Arango, el único fallecido tras concretarse uno de los episodios más negros de la historia jurídica de Baja California.
Todos ellos impunes; algunos premiados, otros castigados por la historia, pero cada uno de ellos no debe olvidar que su credibilidad, su congruencia y su valor moral quedaron comprometidas y evidenciadas.
A pesar del descarado acto que debería perseguirlos todos los días, provocar que los corrieran de restaurantes, que fueran non gratos en ninguna reunión política, muchos son condecorados, premiados. Que no se olviden que intentaron cometerle un fraude a Baja California.
