El senador de Morena mantiene su fuero al negarse a pedir licencia; otros dos funcionarios sinaloenses acusados por el DOJ ya comparecieron ante la justicia estadounidense.
El senador de Morena por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, aseguró que se encuentra en su estado natal y que no tiene nada que temer, en medio de versiones que circularon en redes sociales sobre su presunta entrega o captura ante autoridades de Estados Unidos.
Los rumores tomaron fuerza en el contexto de las detenciones previas de otros funcionarios del círculo cercano al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa fue detenido el 11 de mayo en Arizona y trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con la recepción de sobornos a cambio de facilitar operaciones criminales y advertir sobre operativos policiales. Reportes en redes sociales señalaban que Inzunza podría ser el tercero en entregarse a las autoridades estadounidenses en San Diego, California.
“Como ha dicho nuestra Jefa del Estado Mexicano, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo: verdad, justicia y defensa de la soberanía nacional. Me encuentro en Sinaloa, en mi pueblo, porque no tengo nada que temer”, declaró el legislador. Agregó que acudiría a cualquier citación de las autoridades mexicanas competentes dentro del marco constitucional.
El senador es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses acusados el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos, delitos que contemplan cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión bajo el sistema judicial estadounidense.
A diferencia de Rocha Moya y del alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, Inzunza es el único de los tres principales señalados que no ha pedido licencia para separarse de su cargo, por lo que conserva el fuero constitucional.
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El senador también vinculó las acusaciones en su contra con su posicionamiento previo contra el presunto operativo conjunto entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y la CIA.
La acusación del DOJ describe un presunto esquema de corrupción en el que funcionarios estatales habrían sido integrados a una “narconómina” operada por la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, con Inzunza Cázarez como supuesto enlace entre los líderes criminales y el gobernador Rocha Moya.







