El 19 de mayo del 2026, a través de redes sociales, miles de usuarios pudieron ver el video de un dron, protagonizado por policías municipales de Tijuana, quienes, en un lugar escondido atrás de una plaza comercial, mientras parecían conversar con un delincuente, pasaban paquetes de droga de un auto particular a una patrulla, al tiempo que hablaban por teléfono. Antes se había reportado la detención Jesús Horacio “N”, con 17 paquetes de droga.
Denunciada lo que desde el Ayuntamiento calificaron como “manipulación” del enervante, la sindicatura anunció el inicio de una investigación, pero se evadió la Ley, pues la corporación municipal no hizo un Informe Policiaco Homologado ni alguna turnación al respecto. La FGR, que recibió la droga y debió iniciar una investigación de oficio por el tema del video, tampoco hizo nada.
Publicidad
Habiendo pagado 18 millones 036 mil 272.16 pesos de los impuestos ciudadanos por la compra de cámaras corporales, resulta que los tijuanenses debieron conformarse con la versión del secretario de Seguridad del Estado, el general Laureano, quien aseguró que la lógica y los ojos engañaron a los usuarios, y aunque “pareciera que hay algo ilícito, lo que se estaba haciendo era trasladar la droga hacia la fiscalía para ponerla a disposición”.
También a partir del pasado 25 de mayo, sin argumentos judiciales de por medios, fueron reinstalados, de forma discrecional, 12 de los 14 elementos de la FESC que habían sido suspendidos por el robo de 180 kilos de cocaína en Tijuana. Y en la FGR permanece la carpeta de investigación inconclusa.
Publicidad
Solapados en la evidente y no combatida corrupción, el círculo vicioso de la impunidad que protege la incursión de los elementos de las fuerzas de seguridad de Baja California en las actividades del crimen organizado se ha ampliado a través de décadas.
Fundado en abril de 1980, este Semanario ZETA publicó hace 41 años, en la edición 599 del 10 al 17 de septiembre de 1985, su primer reportaje emblemático del tema, bajo el título “La Mafia Invade Baja California”, revelando, entre otras cosas, que el agente del Ministerio Público estatal Miguel Ángel Rodríguez, abogado y hombre de confianza impuesto en el cargo por Édgar Leyva, hermano del gobernador Xicoténcatl Leyva, cuidaba y había ordenado a elementos de la Judicial del Estado custodiar bodegas de droga en la colonia Libertad y la colonia Cacho, en Tijuana.
Publicidad
En 1994, se reportó la balacera del 3 de marzo, ocurrida cuando agentes estatales que custodiaban a Francisco Javier Arellano Félix, el Tigrillo, e Ismael “Mayel” Higuera, del CAF, se toparon frente al “Mercado de Todos” en La Mesa de Tijuana, y se enfrentaron con elementos federales que protegían a Héctor Luis “Güero” Palma, del Cártel de Sinaloa. Tras la refriega, Arellano e Higuera fueron detenidos 15 minutos en los separos, hasta que llegó Francisco Fiol Santana, jefe del grupo de Homicidios, ordenó que los liberaran y destruyó el papeleo que se había iniciado.
También están las decenas de policías detenidos y liberados tras las delaciones de Teodoro García Simental y Raydel López Uriarte, traficantes aliados con el CDS, detenidos en 2010. Esas libertades fueron advertidas de inicio por abogados, quienes explicaron que la acusación se había armado con esa intención, porque al meter a todos los uniformados “corruptos y honestos” en el mismo rasero, la Ley optaría por liberar a los criminales para no apresar a los inocentes.
Las historias y reportajes de la operatividad de comandos negros integrados por agentes federales, estales y municipales que roban droga, que secuestran, que privan de la libertad a víctimas, o la detención de agentes cruzando enervantes a Estados Unidos, ha sido una constante.
El 17 de diciembre del 2024, elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana dejaron escapar a Pablo Edwin Huerta Nuño, alias el Flaquito, después de una reunión con gente del Cártel de Sinaloa en las instalaciones del Casino Caliente de Jorge Hank Rhon.
A pesar de ser identificados, incluso algunos suspendidos, la mayoría de los elementos policiacos no son capturados, ni siquiera investigados; y de los pocos detenidos, un alto porcentaje son liberados sin llegar a sentencia. En Baja California hay ex funcionarios y ex policías abogados, conocidos por defender al mismo tiempo a policías y criminales de los cárteles.
La fiscal estatal Ma. Elena Andrade declaró recientemente que en su gestión han detenido a 32 policías en Baja California que están sujetos a proceso, lo que es sabido no garantiza resultados, porque los registros muestran que son pocos los casos como el de los ex policías municipales de Tijuana, Martín Trinidad Martínez y Esteban Heriberto Galaz Gómez, que tres años y nueve meses después de haber privado de la libertar al comerciante José Alberto Cantero, quien apareció asesinado, finalmente fueron detenidos, procesados y sentenciados a 60 años de prisión por el delito de desaparición forzada.
Hasta ahora, la peor consecuencia -y la más común- por su involucramiento criminal, ha sido la muerte de estos agentes corruptos, infringida por sus cómplices o los matones de cárteles contrarios.
Ante las omisiones y evidentes fallos en los prometidos procesos de depuración, de nuevo toca a los organismos civiles como el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, ignorados por los gobiernos morenista, exigir transparencia institucional (porque no existe información pública actualizada), reclamar acciones e información para dar seguimiento periódico, como lo hacen con la incidencia criminal, pero ahora a los cientos de expedientes administrativos y penales iniciados en contra de uniformados en las sindicaturas, las comisiones de desarrollo, policías municipales y las fiscalías.
Se trata de evaluar estrategia y combatir la corrupción para fomentar la prevención del delito, para dignificar y hacer más segura la labor de los buenos policías y los ciudadanos honestos.
