Asumirá la recién creada coordinación General de Relaciones Interinstitucionales, a partir de este primero de julio
Rodríguez Lozano, acusado públicamente por violencia de género y ser uno de los principales operadores de la conocida como Ley Bonilla, esa que fue calificada como un fraude constitucional que pretendía ampliar el periodo de mandado de 2 a 5 años del exmandatario morenista, se integrará como titular de la Coordinación General de Relaciones Interinstitucionales.
Mediante un comunicado de prensa, la Jefatura de Gobierno hizo público un gran número de cambios en su equipo de trabajo, donde destaca este personaje y uno de los más allegados a Jaime Bonilla Valdez.
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El texto sólo dice que el político ex priista es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor titular de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la misma universidad.
“En su trayectoria profesional cuenta con amplia experiencia en la administración pública en distintos niveles de gobierno. Además, se ha desempeñado como Diputado Federal y Senador de la República”.
Lo que no dice el texto es que dichos cargos los ocupó siendo priísta y uno de los principales opositores del avance de la izquierda en México.
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El nombre de Rodríguez Lozano, actualmente es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE) por su probable responsabilidad en el contrato signado durante su gestión con la empresa Next Energy, que pretendía la construcción de una planta fotovoltaica en el valle de Mexicali, considerado un desfalco que casi le cuesta 12 mil millones de pesos al Estado.
Además que gran parte de las reformas impulsadas por Rodríguez Lozano, como los impuestos a los combustibles, la disolución del Consejo de la Judicatura, entre otras muchas más, recibieron reversa por parte de autoridades jurisdiccionales federales.
El doctor “Honoris Causa”, también fue señalado como implicado en el caso de “los moches”, considerado el primer escándalo de corrupción de la administración bonillista, donde se cobraron sobornos de más de 20 millones de pesos a cambio de contratos públicos en la operación de los Centros de Reinserción Social del Estado.
