Francisco Javier Martínez Mendoza, presidente de la asociación civil Tierra Colectiva, señaló que no está claro cuál fue el acuerdo al que llegó la administración de Jaime Bonilla Valdez con la ex presidenta del DIF estatal Brenda Ruacho de Vega para que devolviera los 6.8 millones de pesos que había transferido de las arcas del gobierno a una cuenta personal.
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Durante la presentación de un tablero de seguimiento al Sistema Estatal Anticorrupción Martínez Mendoza indicó que no se ha podido evaluar a la Secretaría de Hacienda sobre el proceso de devolución de ese recurso, con el que se le permitió a la esposa del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid reparar el daño.
“Nomás se regresó el dinero que ella había llevado a una cuenta personal, 7 millones de peos, no está registrado, solicitamos la información, porque ese finalmente es un dinero recuperado, pero todavía no le encontramos, no cerramos esa parte de la evaluación, en la secretaría de hacienda, para saber cómo fue ese proceso de devolución de ese recurso”, refirió el consultor este jueves 3 de noviembre.
Sostuvo que sólo se sabe lo que al respecto dijo el entonces secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano: que la ex presidenta del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia había solicitado un acuerdo reparatorio al Ministerio Público para devolver el dinero.
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“Pero no tenemos evidencia de cuál fue el acuerdo, por qué se le quitó responsabilidad, si hubo una sanción o no por ese hecho, porque es reconocido que eso es un desvío de fondos, de fondos públicos”, cuestionó Martínez Mendoza.
Expuso que es de suponer que el dinero entró a las arcas del gobierno del estado. “No sé si haya sido regresado para los fondos de los que fue retirado, porque eso tendría que ser lo correcto, si ese recurso fue para apoyo al DIF estatal ese presupuesto tuvo que haberse incrementado en el DIF estatal, esa es otra línea de investigación que estamos buscando, saber si hubo una ampliación presupuestal por ese mismo monto en los años en que estuvo el gobernador anterior (de 2019 a 2021)”, aseveró.
A decir de Martínez Mendoza, la Secretaría de Hacienda estatal podría abrir la cuenta en la que habría sido depositado ese recurso. “En cualquier conciliación contable presupuestal se puede identificar”, afirmó.
En cuanto al tablero de seguimiento al Sistema Estatal Anticorrupción, presentado en la Sala de Usos Múltiples de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, en Tijuana, el presidente de Tierra Colectiva A.C., indicó que la revisión dio lugar a concluir que el Congreso del Estado pretende restarle poder a los órganos autónomos y ciudadanos.
Criticó que la XXIV Legislatura no ha hecho su parte en el cometido de instar a la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a formular una terna para elegir fiscal Anticorrupción.
Deploró que haya autoridades que usen el discurso del trabajo de transparencia y anticorrupción en actos públicos sin que en los hechos se perciban resultados.
“Hacen actividades para iniciar gobiernos con una bandera de una alianza por combate a la corrupción, pero en los hechos no hay ningún avance”, reclamó.
Habló de una propuesta impulsada por la asociación para que en vez de que el Ejecutivo estatal proponga quién esté al frente de la Fiscalía Anticorrupción la propia ciudadanía, organizada bajo la figura de una comisión, se encargue de la selección.
“La iniciativa que nosotros ahora proponemos, ahorita, es que nosotros sí tenemos tiempo e interés en hacer esa reforma y en nombrar a ese fiscal especializado en anticorrupción, entonces estamos haciendo una iniciativa para hacer una convocatoria a los colegios de abogados, a los organismos de la sociedad civil, a la academia, para que entonces ese fiscal sea seleccionado por una comisión de selección, que sea precisamente resultado del trabajo ciudadano, no dejarle ya ese trabajo al poder público, que parece ser que no le interesa, entonces como a nosotros nos interesa les vamos a ayudar un poquito”, remató.
