La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro, y tres implicados en un asesinato, evoca el abandono institucional a menores; pide oficialismo el endurecimiento de las penas
En septiembre del 2022, funcionarios del sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se hicieron acompañar de la Fiscalía General del Estado (FGE), para reventar una casa hogar llamada A Way Out, dirigida por Gabriela Ortiz, una activista encargada de la atención de adolescentes en riesgo delictivo. Mediante un comodato, Ortiz logró hacerse de un pequeño inmueble en la colonia Robledo de Mexicali, para atender a los niños y adolescentes que ninguna institución recibe.
Publicidad
Jóvenes con historial criminal e incluso de consumo de enervantes, menores que habían padecido episodios traumáticos y hasta vinculados con la delincuencia organizada, son parte de las terribles historias que llegaron hasta este albergue que cerró sus puertas debido a que detectaron supuestos abusos que nunca fueron confirmados.
Sin embargo, las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada uno de los señalamientos fue desacreditado. Como ejemplo, menores denunciaron que los obligaron a hacer sus necesidades en baldes y contenedores, cuando la realidad es que -en aquel momento- la CESPM los dejó sin agua por varios días, lo que los obligó a usar alternativas ante la necesidad y sobrepoblación que padecían debido a que era el único albergue que recibía menores en riesgo delictivo real.
Publicidad
Gabriela Ortiz denunció durante muchos años los abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, cuando condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo a quien se los otorga; nunca se prestó a ello, y por esas razones fue castigada varias veces.
En poco más de una semana, ocho menores de edad fueron detenidos vinculados a los crímenes más atroces, como secuestro y homicidio. Los primeros tres fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez (50 años), un conductor de InDrive, a quien habrían matado de un balazo, trasladado a un terreno despoblado donde incendiaron su cuerpo, no sin antes videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo; los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana, por privación de la libertad. Dos de los ocho tenían 13 y 14 años de edad.
Publicidad
Ante la vulnerabilidad de la adolescencia, la única respuesta del sector político ha sido, como la del diputado Juan Manuel Molina, la de endurecer las penas contra menores infractores, y con ello el debate se centra en lo mismo: establecer como únicos responsables a los adolescentes sin analizar las condiciones materiales de la población, la precarización en la que viven, la susceptibilidad a la delincuencia organizada, e incluso la deshumanización y falta de atención temprana de salud mental.
Justificar el aumento de las penas a adolescentes como medida para reducir la criminalidad, sólo resta responsabilidad a gobiernos, empresas, escuelas y otros sectores, ante una problemática más compleja.
Mientras el gobierno ataca, por un lado, a organizaciones que medianamente contenían las crisis de adolescentes abandonados, por otro, otorga todos los beneficios a agrupaciones como la Patrulla Espiritual, para que tenga libertad -incluso- en atender adicciones en menores de edad, a quienes exhibe en redes sociales.
La lógica gubernamental es sencilla: si eres lo suficientemente viral, puedes hacer lo que quieras, incluso beneficiarte de una problemática social compleja; pero sí eres una persona que trabaja fuera de redes sociales, sin importar la especialización, recibirás todo el peso de la Ley.
Lo peor de todo es que en ninguna de las dos acciones los gobiernos están atendiendo una problemática que se agrava, la de una adolescencia perdida entre los problemas serios de la sociedad y la simulación de un gobierno que prefiere fingir trabajo que hacerlo.
