Flaviano López Martínez, de 50 años de edad, no le hacía daño a nadie. Víctima de una precariedad social normalizada debido a que trabajaba para percibir mayores ingresos económicos a pesar de ser un militar en retiro con su pensión correspondiente, salió a las calles de Mexicali el pasado 9 de julio de 2026 con la intención de brindar el servicio de transporte privado de plataforma.
Así lo hacía varios días a la semana, y así lo hizo esa noche de viernes, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Conjunto Urbano Esperanza, de Mexicali, para brindar un servicio a una joven de 16 años que lo contactó mediante la aplicación In Drive; el acto parecía inofensivo y seguro, a diferencia de otros traslados donde los trabajadores del volante se ven asediados por los constantes asaltos.
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Flaviano llegó al inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Verde, comunidad precarizada al Oriente de la ciudad, y tenía como objetivo llegar a una vivienda de la colonia Satélite. De inmediato observó que a Sheyla le acompañaban otros dos adolescentes de 15 y 13 años de edad, el primero de ellos su hermano de nombre Dylan.
Dylan y Sheyla ya cargaban la tragedia en su memoria, pues su madre, Selina Álvarez Prado, fue detenida en abril pasado por los delitos de secuestro agravado y homicidio calificado, luego de (presuntamente) asesinar a su ex cuñado y sustraer a su hijo de dos años de edad, de nombre Daniel. Selina permanece recluida y podría ser sentenciada a una pena ejemplar.
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En ese contexto crecieron Sheyla y Dylan, quienes, según la acusación de la Fiscalía General del Estado (FGE), abordaron el vehículo y luego de un breve trayecto decidieron dispararle con un arma de fuego que llevaban entre sus pertenencias.
La hipótesis de la FGE dice que Sheyla, quien presuntamente llevaba el arma, detonó la pistola y atinó el tiro en su cabeza, provocando la muerte inmediata de Flaviano. Según la fiscal Ma. Elena Andrade, los jóvenes videograbaron algunos actos durante el crimen, antes de arrojar su cadáver entre la maleza de un terreno baldío ubicado en los alrededores del fraccionamiento Villas del Colorado, donde finalmente le prendieron fuego.
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En el video, que forma parte de la carpeta de investigación, se vislumbra el manejo del cuerpo de Flaviano, a quien desnudan y exhiben. Los jóvenes, según la grabación, se burlan y ridiculizan el cadáver de la víctima, mientras se incitan entre ellos a cometer atrocidades hacia el cuerpo abandonado en un terreno baldío.
“¡Quémale la cara!”, seguido de burlas que evidencian el nivel de deshumanización, son parte de los aspectos captados en el video donde se ve a los jóvenes arrastrar el cadáver de Flaviano por la tierra, de quien al menos Sheyla, según uno de los agentes aprehensores, comentó que perpetró el crimen no para robarlo, sino para conocer el sentimiento de ultimar a una persona.
Los jóvenes tomaron el vehículo Suzuki, operado por la víctima, y lo utilizaron para pasear durante esos días, hasta que finalmente fueron detenidos por elementos de la FGE, durante un operativo especial para su captura.
A pesar de la magnitud de la atrocidad cometida, la pena máxima, en caso de ser considerados culpables, sería de 5 y 3 años en un Centro de Tratamiento de Adolescentes, según la propia Ley Federal de Justicia para Adolescentes, dependiendo la edad; y muy probablemente, la medida punitiva para el joven de 13 años de edad, pudiera ser aún más holgada, e incluso podría a quedar (dependiendo la evaluación) a disposición del DIF Estatal.
Apenas fueron detenidos, el juez Erik Celaya, recibió el caso para escuchar la narrativa del crimen en el que se implica a los tres jóvenes. Los dos hermanos tuvieron el acompañamiento de su abuela.
En entrevista, el magistrado Álvaro Castilla, comentó que no puede brindar opiniones sobre el caso debido a que podría llegar a segunda instancia, pero aseguró que los tratamientos de internamiento sólo pueden ofrecerse a partir de los 14 años de edad. Sin embargo, cuando están entre los 12 y 14, se les otorga otra medida de supervisión.
“En el sistema no hay impunidad desde que se aplica el derecho, pero como es diferente es de tratamiento no de penas, y eso conmociona a la sociedad, porque todo el catálogo de delitos pueden ser cometidos por personas adolescentes, el hecho de que su tratamiento es diferenciado causa un estupor en la sociedad, al menos en nuestra cultura mexicana está el ojo por ojo, y el sistema está soportado por tratados internacionales, es otra idiosincrasia”, refirió el especialista, quien aseguró que hay un gran y complejo proceso de revisión de cada caso para atender a los adolescentes infractores.
Comentó que es necesario tener mayor rigurosidad contra los adolescentes, pero no de manera punitiva, sino en cuanto a educación, tratamientos, seguimiento, y en determinados casos, la tutela e intervención del DIF sí existe evidencia de abandono; y atención de los centros de salud mental.
Castilla Gracia, aseguró que el Congreso de la Unión es el único que puede hacer modificaciones legales sobre la ley para adolescentes, por lo que uno de los planteamientos que debe hacerse es la de aumentar los delitos por los que un adolescente puede ser internado.
Y es que los delitos que más se cometen por adolescentes en Baja California son los robos, seguido de los delitos sexuales, delitos federales y el homicidio. El primero de ellos sólo amerita internamiento sí hubo algún tipo de lesión hacia la víctima; sí no hubo una agresión física tangible (aún sí fue amenazado con un arma de fuego) se considera violencia moral y permite llevar el procedimiento en libertad.
Según el último análisis del INEGI, Baja California es una de las tres entidades con mayores internamientos de menores a nivel nacional, registrando una tasa de 53.8 jóvenes por cada 100 mil habitantes, y aunque hay una reducción de carpetas de investigación contra menores de edad, la verdadera preocupación es la cifra negra que se pudiera generar por la desinformación generada en el tratamiento de adolescentes infractores.
“Muchos policías creen que son adolescentes, no pueden hacer nada, pero la ley establece en el 129 de cualquier conducta que puede ser delictuosa debe detenerlo y turnarlo, sí no es el MP a su autoridad administrativa, y ellos al Ministerio Público y ellos son los que deben determinar la responsabilidad. El Estado tome nota, no nada más delitos, y se preste una atención, pero la policía varias veces me roba, la manguera o bicicleta, son menores y no puedo hacerle nada, pero sí lo puedes detener, que ya el ministerio público tome las decisiones”, sentenció.
