El mandato de Jaime Bonilla Valdez se ejecutó entre la simulación y la inestabilidad política y económica, pero sobre todo jurídica. Con el pretexto de ser un gobernador “reformador”, la realidad es que su equipo jurídico intentó jugar con la Constitución y toda la estructura legal de Baja California, sin importarles las consecuencias de sus actos.
El penúltimo negocio -porque el último será hasta que se vayan del gobierno, el 31 de octubre de 2021-, ya se les ocurrió a quienes trabajan en el Gobierno del Estado.
Debido a las recientes declaraciones por parte del secretario general de Gobierno del Estado, Amador Rodríguez Lozano, en torno a una posible expropiación a la manzana #53 de playas de Tijuana, la liga de Béisbol de Playas de Tijuana mostró su preocupación.
Debido a las recientes declaraciones por parte del Secretario General de Gobierno del Estado Amador Rodríguez Lozano en torno a una posible expropiación a la manzana #53 de playas de Tijuana, la liga de Beisbol de Playas de Tijuana mostró su preocupación, ya que hasta el momento nadie los ha buscado para conocer su situación, así lo externó Abel Bojórquez, actual Presidente de dicha liga.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró, este martes 17 de agosto, que las entidades federativas no tienen competencia para imponer el requisito de ser mexicano por nacimiento para desempeñarse como titular de una institución pública, en este caso del Sistema Penitenciario de Baja California.
Rodríguez Lozano anunció que el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías sería denunciado ante la Fiscalía General del Estado, “porque el que acusa debe probar y no sólo es una cuestión mediática”.
Se autorizó la orden de aprehensión por delitos electorales en Baja California, por el desvío de recursos de nómina del 2% a trabajadores del gobierno del Estado.
Daniel Solorio Martínez explicó que si bien la Constitución y las leyes expropiatorias establecen que el presidente y los gobernadores son autoridad para expropiar los bienes privados es necesario que se acredite una causa de utilidad pública.
Este martes 26 de enero de 2021 entró en vigor la reforma legislativa con la que la Secretaría de Gobierno, encabezada por Amador Rodríguez Lozano, se hará cargo de las concesiones, permisos y autorización para la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes y servicios sujetos a régimen de dominio público en Baja California.
