Se autorizó la orden de aprehensión por delitos electorales en Baja California, por el desvío de recursos de nómina del 2% a trabajadores del gobierno del Estado.
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El juez Gerardo Anguiano Ceja giró una orden de aprehensión en contra de José Luis Ovando Patrón, expresidente estatal del Partido Acción Nacional en Baja California por violar los artículos 14 y 15 de la ley general en material de delitos electorales durante su gestión al frente del PAN.
Desde finales de 2019, el secretario de gobierno de Baja California, Amador Rodríguez Lozano declaró mediáticamente que inició una investigación por el descuento de nómina a trabajadores y funcionarios afiliados al Partido Acción Nacional. Se presume que se trata del desvío de 8 millones de pesos, fondos eran depositados a una Asociación Civil que beneficiaba a Ovando Patrón, Lizbeth Mata Lozano y a Loreto Quntero, exoficial mayor de la administración de Francisco Vega De Lamadrid.
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El dinero desviado, corresponde al 2 por ciento del sueldo, que el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, retenía a los trabajadores militantes panistas, y que eran entregadas de manera directa al partido blanquiazul.
A partir del 18 de marzo de 2021, los agentes ministeriales de Baja California tienen la orden y autorización para detener y presentar ante el Ministerio Público a José Luis Ovando Patrón en la causa penal 1050/2020 con número único de caso 02-2019-39288.
Desde el jueves 14 de enero, Ovando Patrón había logrado posponer la audiencia que tenía en Mexicali para atender legalmente el caso en la Sala 4 del Centro de Justicia de Río Nuevo, en la Capital del Estado, donde comparecerían por primera vez ante el juez, los ex funcionarios Roberto Gil Espinoza y Carlos Armando Ríos Treviño -ambos directivos de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)-, José Luis Ovando Patrón, Omar Murillo Salgado, Eduardo Orta Osorio, Loreto Quintero y Jesús Rubén Félix. En ese entonces, Quintero y Félix se ausentaron por haber contraído COVID-19.
El pasado 14 de enero, el ex dirigente del PAN, comentó a ZETA que el señalamiento del 2 por ciento no tiene fundamentos, y que era un tema público, el cual debe tratarse entre particulares, ya que -a su dicho- no hubo un quebranto a las arcas gubernamentales.
Negó también que se tratara de cientos de víctimas las que obran en la carpeta, pero no quiso precisar más detalles, aseguró, por respeto a quienes se sienten agraviados.
