Este martes 26 de enero de 2021 entró en vigor la reforma legislativa con la que la Secretaría de Gobierno, encabezada por Amador Rodríguez Lozano, se hará cargo de las concesiones, permisos y autorización para la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes y servicios sujetos a régimen de dominio público en Baja California.
Ello, pese a los señalamientos que implicaron a Amador Rodríguez Lozano en el caso de los “Moches” al inicio de la administración de Jaime Bonilla Valdez; en que presuntamente la ahora exsecretaria de Bienestar Cynthia Gissel García Soberanes y el ex Oficial Mayor Jesús Núñez pidieron dinero a empresarios para que éstos fueran favorecidos con contratos.
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Las reformas a los artículos 8, 10, 21,50 y 58 de la Ley General de Bienes del Estado -aprobadas por el pleno del Congreso local, con 18 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones el 22 de enero pasado-, le dan a la Secretaría de Gobierno la representación jurídica en toda clase de negocios judiciales o administrativos, del orden común o federal, en cuanto a bienes de dominio público del Estado o aquellos destinados a un servicio público, quitándole dicha facultad a la Oficialía Mayor.
Los bienes de dominio público son como el Estadio de Béisbol de Las Águilas, el Auditorio de los Soles, y la vía de ferrocarril, entre otros.
Establece que se creará la Comisión Especial de Concesiones que presidirá el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y que estará integrada por el secretario de Economía Sustentable y Turismo (Mario Escobedo Carignan), la secretaria de Infraestructura, Desarrollo Territorial y Urbano (Karen Postlethwaite Montijo), así como el titular de la dependencia que solicite un bien o un servicio.
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En el procedimiento de otorgamiento de concesiones para la prestación de un servicio público, la Comisión tomará la decisión por mayoría de votos y en caso de empate, el presidente de la misma, tendrá el voto de calidad.
Señala que todas las concesiones “sólo podrán otorgarse” a personas de nacionalidad mexicana, y que tanto las concesiones como sus prórrogas serán otorgadas por el Ejecutivo previo dictamen de justificación que emita la Comisión Especial de Concesiones.
“En el otorgamiento de concesiones para la prestación de un servicio público, en la que se contemple la construcción, operación, mantenimiento o explotación de bienes destinados a un servicio público que no requiera erogación de recursos públicos se podrá dispensar de la licitación pública respectiva y llevarse a cabo la adjudicación directa, previo acuerdo de excepción emitido por la Comisión Especial de Concesiones”, agrega la reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado.
INICIATIVA CONTRAVIENE DISPOSICIONES LEGALES
En la sesión del viernes pasado, el diputado priista David Ruvalcaba (quien votó en contra) acusó que la iniciativa trastoca disposiciones federales y estatales. “Tiene por objeto cambiar de manera radical la manera cómo se llevan a cabo hoy en día” las concesiones, y es contraria a los artículos 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Baja California.
Con esta reforma también se trastoca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, en la que ya existen procedimientos “muy claros” y casos únicos de excepción. Dicha norma -dijo- invoca que la regla general será una licitación pública y en el artículo 40 los requisitos a cumplir para efectuar alguna adjudicación directa.
En contraste, Elizabeth Cano Núñez (una de las diputadas de Morena) que votó a favor racionalizó su posicionamiento al señalar que con el cambio en las concesiones se eficientizará “mejor estos trámites, para crear esta comisión especial de concesiones y definir con claridad los presupuestos y porque todas las concesiones como sus prórrogas deberán acompañarse del dictamen de justificación que emita esta Comisión de Concesiones”.
