Las pifias legales de Bonilla

Foto: Cristian Torres
Edición Impresa lunes, 20 septiembre, 2021 12:00 PM

El gobierno de Jaime Bonilla Valdez estuvo plagado de errores y fallas jurídicas que incluso provocaron el enérgico calificativo de “fraude constitucional” por parte del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, cuando la administración anterior -en contubernio con la actual- intentaron ampliar su periodo de mandato de dos a cinco años. Bonilla y su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, pusieron en riesgo el Estado de Derecho, pero también ocasionaron un quebranto al erario por la mala práctica legislativa, según el análisis de abogados consultados por ZETA. Como respuesta, Bonilla asegura que no le importan las sentencias, pues se considera un “gobernador reformador”

El mandato de Jaime Bonilla Valdez se ejecutó entre la simulación y la inestabilidad política y económica, pero sobre todo jurídica. Con el pretexto de ser un gobernador “reformador”, la realidad es que su equipo jurídico intentó jugar con la Constitución y toda la estructura legal de Baja California, sin importarles las consecuencias de sus actos.

Impuestos desproporcionados o inconstitucionales, reformas improcedentes, abusos hacia sectores empresariales antagónicos, son parte de la avalancha de acciones emprendidas por el Ejecutivo estatal y su equipo jurídico, mismos que en un gran porcentaje quedaron con el huevo en la cara, a raíz del constante revés de los Juzgados federales y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a iniciativas y decretos del mandatario.

Foto: Eduardo Villa.- Juan Carlos Flores, abogado

El miércoles 15 de septiembre, ante diputados de la actual Legislatura, Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, comentó en la Glosa del Segundo Informe de Gobierno que la gestión del primer mandatario de Morena en Baja California, tenía 998 juicios de amparo activos cuando arrancó su gobierno, debido a presuntos abusos cometidos por Francisco Vega de Lamadrid. Sin embargo, al cierre del bienio de Bonilla la cifra se incrementó a 4 mil 198, de los cuales 3 mil 631 iniciaron en su periodo, sin mencionar las 13 controversias constitucionales y otras 13 acciones de inconstitucionalidad presentada por entes públicos inconformes por las decisiones arbitrarias del morenista.

Mientras el gobernador atribuye este incremento al espíritu “reformador”, para el abogado Guillermo Rivera, del conocido despacho De la Peña-Rivera, durante estos dos años hubo un retroceso en las instituciones e incluso se puso en riesgo el Estado de Derecho.

Por su parte, los litigantes Omar Caballero Ulloa y Juan Carlos Flores Cruz, de las firmas especializadas CR&C Consultores Fiscales y Sasaki, Flores y Asociados, comentaron que la justicia federal dio reversa a 22 contribuciones contempladas en la Ley de Ingresos, por declararlas inconstitucionales o violadoras de cualquier Ley o código, lo que tuvo como consecuencia que Bonilla se viera obligado -nuevamente- a reestructurar la deuda pública.

 

ABOGADOS, ORGANISMOS, PEMEX, CNDH Y HASTA PRESIDENCIA VS BONILLA

Prácticamente todas las instituciones que tienen facultades para interponer recursos en contra del Poder Ejecutivo, lo han hecho.

Desde el Poder Judicial, que presentó una controversia constitucional para suspender el proceso de eliminación del Consejo de la Judicatura; el Congreso del Estado, que presentó la acción de inconstitucionalidad para suspender la municipalización parcial de los servicios de agua; la Consejería Jurídica de la Presidencia por el mismo decreto; el Ayuntamiento de Tijuana, que intentó echar para atrás la reforma al Artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal que permitía al gobernador imponer un alcalde en caso de la ausencia del titular y el suplente; hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Entre las reformas más importantes de Jaime Bonilla Valdez -en las que fue rechazado- se encuentran:

La “Ley Bonilla”. Presentada en julio de 2019, intentó extender su periodo de mandato de dos a cinco años por medio de un acto autoritario de la XXII Legislatura, propuesto por el legislador morenista Víctor Morán Hernández -cuando era un alfil del gobernador- y avalado por mayoría panista.

Aunque no fue durante su gestión -pues todavía gobernaba “Kiko” Vega-, se le atribuye a Bonilla, puesto que anteriormente había hecho todo lo posible por ampliar su mandato a través de artimañas legales que nunca funcionaron.

La reforma del Poder Judicial. Pretendió suprimir al Consejo de la Judicatura e imponer directamente a los magistrados por medio de una terna propuesta por el gobernador. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezado por Alejandro Isaac Fragozo López, presentó una controversia constitucional y la SCJN otorgó suspensiones para impedir el avance de la misma. Actualmente en litigio.

La municipalización del agua. A finales de julio de 2021, el Congreso del Estado aprobó en cinco días una iniciativa para otorgar -parcialmente- el manejo del agua potable a los gobiernos municipales. La propuesta fue avalada por 13 diputados, pero recurrida por los inconformes a través de una acción de inconstitucionalidad 119/2021.

Foto: Cristian Torres.- Amador Rodriguez Lozano, Secretario de Gobierno

Este arrebato jurídico de Bonilla generó que tanto la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Julio Scherer y los ayuntamientos de Mexicali, Tecate y Rosarito, presentaran respectivos recursos legales ante ministros de la SCJN.

Los impuestos sobre nómina y combustibles. El 31 de diciembre de 2019, diputados aprobaron una serie de sobretasas y creación de gravámenes a petición del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, donde se modificaron las leyes de Hacienda del Estado y la de Ingresos -que ni siquiera había sido publicada- para aumentar la recaudación por medio de un aumento al Impuesto Sobre Nómina a combustibles, hoteles y plataformas de transporte privado (Uber, Rappi, Didi).

Los primeros dos mencionados fueron recurridos por una serie de amparos emprendidos por abogados fiscalistas -hasta por Petróleos Mexicanos- y a la fecha se han ganado todos, quedando pendiente algunos cuantos.

La batalla por el Club Campestre. Un sinsentido jurídico que sólo puede entenderse con una lectura política, donde la maquinaria del Estado intentó expropiar el terreno del conocido club de Tijuana, lo cual no pudo concretar gracias a los amparos emprendidos por los mismos socios.

Los amparos contra Fisamex. Según la opinión de varios abogados, la empresa dedicada a la auditoría de cuentas de agua a empresas, llevó a cabo labores de “extorsión”.

CNDH contra el DAP e impuesto a educación media superior. Aunque estos dos temas no fueron creados durante la administración bonillista, su gobierno los mantuvo, pese a que la CNDH ya los había recurrido ante la SCJN. Los combatieron y perdieron, por considerarse inconstitucionales.

OMISIONES LEGISLATIVAS COSTARON MUCHO DINERO AL ERARIO: ABOGADOS

En entrevista vía Zoom, los abogados Omar Caballero Ulloa y Juan Carlos Flores Cruz, de las firmas especializadas CR&C Consultores Fiscales y Sasaki, Flores y Asociados, prácticamente despedazaron los argumentos del gobierno y la práctica legislativa del pasado Congreso del Estado, donde -consideraron- las faltas eran tan evidentes que en algunos casos los jueces ni siquiera terminaron de analizar los argumentos.

“Este gobierno de BC, vino a demostrar la poca experiencia para gobernar, al margen de que quisieron atropellar a la población en general, en este caso por los amparos que traemos, hubo cierto sector empresarial que se defendió, pero quisieron atropellarlo. Por lo menos en BC, prevaleció el Estado de Derecho y no se les permitió a estos políticos a generar un ambiente de recaudador, abusivo, y pues lo logramos. Pusimos nuestro granito de arena”, refirió Flores Cruz, uno de los principales letrados en materia de hidrocarburos, quien, junto con Caballero Ulloa, detuvieron en dos ocasiones el intento de aumentar los impuestos a gasolineros.

Cabe recordar que el Poder Legislativo generó un impuesto del 2.5% al precio de los combustibles derivados de petróleo, disfrazado de un gravamen ambiental que se cobraría por el uso de los vehículos.

La promesa de la ex diputada Montserrat Caballero -aquel día- es que dicho impuesto sería asumido por las gasolineras y no por los ciudadanos, lo cual resultó ser falso, puesto que el cobro se trasladaría directamente al usuario.

Los representantes de las firmas presentaron 119 amparos en contra de los impuestos a combustibles derivados de petróleo, de los cuales 84 ya fueron resueltos de manera favorable y el resto permanece en estudio por parte de los Juzgados federales.

La “pandemia” de amparos fue confirmada por los Juzgados federales que de manera generalizada establecieron que dicho gravamen carecía de un sustento técnico y jurídico para considerarse ambiental, y, por lo tanto, se convertía en un impuesto a los combustibles, lo cual es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.

Foto: Eduardo Villa.- Omar Caballero Ulloa, abogado / Foto: Cristian Torres.- Juan Manuel Molina, Diputado

Caballero Ulloa comentó que la estrategia planteada por los despachos permitió que todas las empresas -lo que representa aproximadamente el 80% de las estaciones de combustible- tuvieron el beneficio de no pagar el gravamen, e incluso abstenerse de cubrir las fianzas habituales durante las suspensiones de este tipo.

Flores Cruz aseveró que en el análisis que llevaron a cabo, el Estado dejó de percibir alrededor de 9 mil millones de pesos por este concepto. A esto se debe agregar la sobretasa del Impuesto Sobre Nómina, que también representará un boquete financiero y la veintena de impuestos que invalidó la SCJN a petición de la CNDH, el más importante, el apoyo a la educación media superior, por el que se dejaron de percibir poco menos de 700 millones de pesos.

A juicio de ambos abogados, la mala práctica legislativa -con iniciativas carentes de exposiciones de motivos serias y carentes de estudios de viabilidad técnica, jurídica y financiera-, principalmente de este gobierno, ocasionó una pérdida de recursos de grandes proporciones que culminó en la necesidad de solicitar nuevos préstamos y comprometer aún más las arcas públicas.

Como ejemplo, Rivera Millán recordó que hubo iniciativas de la Secretaría General de Gobierno que se sustentaron en leyes abrogadas, lo que evidentemente es una severa omisión legislativa.

“ME CONSIDERO UN GOBERNADOR REFORMADOR”: BONILLA

Muy a su estilo, Jaime Bonilla Valdez desestimó las críticas, señalamientos y hasta las sentencias de la SCJN hacia sus acciones legales, asegurando que se considera un “gobernador reformador”, aunque gran parte de sus iniciativas tuvieron reversa.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene sus argumentos, yo me baso en las necesidades del Estado, en cambiar las cosas como están, el status quo, y si me da palo o no, no me da miedo que la Suprema Corte me dé reversa, porque haré lo que creo que es correcto representando a mi pueblo, todas las iniciativas que he presentado, son las que el pueblo me ha pedido que presentara”, refirió el mandatario estatal durante una entrevista realizada la noche del 15 de septiembre en su oficina, previo al Grito de Independencia más desolado de la historia.

Agregó que su gestión es de las más aceptadas del país “le guste o no a la Suprema Corte”, y advirtió, seguirá enviando las reformas que considere para beneficiar a Baja California.

El diputado Juan Manuel Molina comentó que si bien, hubo actos que fueron recurridos, gran porcentaje permanecen en litigio o se les dio la razón, por lo que, desde su perspectiva, hubo grandes logros en la materia.

Como ejemplo señaló la reforma que reduce el financiamiento a los partidos políticos, la eliminación de los diputados de lista, la reducción del periodo electoral, e incluso -dijo- el Instituto de Identidad Vehicular, el cual sirve actualmente como una herramienta para censar a los automotores que podrían importarse tras el decreto presidencial.

HAY ELEMENTOS PARA SANCIONAR RESPONSABILIDADES: RIVERA MILLÁN

Para el abogado Guillermo Rivera, existen suficientes elementos para sancionar a los funcionarios de la administración estatal por las iniciativas erróneas que ocasionaron un quebranto al erario.

Desde su oficina en la Capital del Estado, aseveró que este tipo de acciones ya se contemplan en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado, donde se analizará la acción de los funcionarios y se determinará -por medio de un juicio- la magnitud del quebranto financiero, con la posibilidad de “ir por sus bienes” para cubrir el daño patrimonial.

Estos novedosos esquemas pueden ejecutarse por medio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) e incluso su homólogo local, el SATBC, para emitir la sanción al servidor público.

Rivera Millán añadió que el quebranto al erario aún no es cuantificable, puesto que existen afectaciones que todavía pueden ser recurridas, sobre todo aquellas que se relacionan con la empresa auditora Fisamex.

En su glosa celebrada el 14 de septiembre, Salomón Faz Apodaca, secretario de Saneamiento, Manejo y Protección de Agua del Estado, indicó que los cobros de Fisamex han generado un total de 75 amparos en Tijuana, 175 en Mexicali, 32 en Ensenada y 13 en Tecate, en busca de recuperar poco más de 200 millones de pesos.

Calificó que esta cifra es “minúscula” comparada con la recaudación que alcanzó los mil 341 millones de pesos en Tijuana; 278 en Mexicali, 119 en Ensenada y 60 en Tecate, y -hasta el momento- sólo se ha perdido un juicio por 60 mil pesos.

Por último, Rivera expresó que el Código Fiscal del Estado permite que los propietarios de negocios tengan la facultad de exigir el regreso de sus pagos por un periodo de hasta cinco años, siempre y cuando se confirme que son cobros ilegales.

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