De acuerdo con el Boletín Judicial del Estado de Baja California, el secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano interpuso el 4 de mayo de 2021 una demanda de nulidad del título de propiedad del Club Campestre de Tijuana ante el Juzgado Segundo de lo Civil.
En el juicio ordinario civil número 505/2021, Rodríguez Lozano reclama que se declare nula la escritura pública número 1333, volumen 13, del 19 de junio de 1970 que otorga el título de propiedad al Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil sobre el predio ubicado sobre bulevar Agua Caliente número 11311, del Fraccionamiento Agua Caliente.
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El funcionario estatal también pretende que se cancele la partida 7503 inscrita en el Registro Público, del 9 de junio de 1970 con la que se inscribió la escritura pública número 1333 mediante la cual se protocolizó la sentencia definitiva dictada en el juicio de prescripción 764/1969 a favor del Club Campestre de Tijuana, señalaron fuentes gubernamentales que pidieron el anonimato.
El argumento esgrimido por el secretario General de Gobierno es que en el juicio de prescripción positiva 764/1969 en favor del Club Campestre se adujo que el predio se los había donado el General Abelardo L Rodríguez, lo que sería un hecho “falso” a decir de Rodríguez Lozano.
En opinión del abogado Jorge de Hoyos Walther la demanda interpuesta por el gobierno de Bonilla Valdez “sería una estrategia por parte del Estado para provocar zozobra, inseguridad y, sobre todo para tratar de diferir la obligación del pago de una expropiación (del Club Campestre) en caso de que realmente se pudiera avanzar en ese tema”.
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Explicó que un juicio como el interpuesto por Rodríguez Lozano pretende declarar la nulidad de un juicio concluido (un juicio terminado hace mucho tiempo) que en este caso es de prescripción.
En términos jurídicos es “muy difícil” revertir lo determinado en un juicio concluido, porque “una vez que un juicio se resuelve hay algo que se llama cosa juzgada, que es una institución que existe no sólo en México sino en muchos países del mundo que es el equivalente a la verdad legal”.
Es decir, lo que dijo un juez después de que ya fue aprobado por ese juez, revisado por otros tribunales en una segunda y tercera instancia se convierte en la verdad ante todos. Se inscribe en el Registro Público y esa es la verdad legal; de modo que, no se puede retrotraer y volver sobre eso.
Más aún, es difícil, cuando quien interpuso el juicio de nulidad (en este caso el gobierno de Bonilla Valdez) no tiene un interés real dado que el Estado nunca salió perjudicado, porque los terrenos nunca fueron de su propiedad, y siempre fueron de particulares.
“Entonces la cosa juzgada y la verdad legal es la que debe prevalecer”.
“Asumiendo que cuando el Campestre hubiera alegado que fue donación o que la versión no fuera consistente no es algo que le perjudique a la ciudad de Tijuana o al gobierno del estado, porque era un terreno de particulares. No era un gobierno del estado, ni nacional que es cuando el estado podría alegar y decir que hubo un fraude, pero no lo eran en este caso. Entonces vuelve a ser un conflicto únicamente entre dos particulares”.
En entrevista con ZETA, hizo hincapié en que durante 50 años los particulares involucrados no han reclamado el convenio al que llegaron en 1972 y que estableció que los terrenos del Club Campestre de Tijuana le pertenecen a Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana, Asociación Civil. Entonces “cuando se insiste por parte del Estado de que mintieron y no era donación, era usufructo, la pregunta debe ser al Estado en qué le afecta si no eran suyos los terrenos”.
Luego de que se presenta una demanda de juicio de nulidad -como la que habría interpuesto Rodríguez Lozano- el juez no puede darle carpetazo, tiene que seguir con todo el proceso. El cual puede llevar hasta cuatro años. Lapso en que se postergaría el pago de la indemnización en caso de proceder la expropiación del Club Campestre.
Por otra parte, De Hoyos Walther indicó que quien signe una demanda sin elementos suficientes para reclamar la nulidad sobre un juicio concluido podría incurrir en fraude procesal y ser investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE).
La mayor afectación al interponer denuncias de ese tipo es que causan “un grave daño a la ciudad de Tijuana”, que es una de las que más inversión recibe y tiene mayor crecimiento en el sector inmobiliario, porque esas acciones jurídicas no sólo cuestionan el título de propiedad del Club Campestre, sino de toda el área correspondiente constituyendo un precedente negativo, añadió el litigante.
