Rodríguez Lozano anunció que el abogado fiscalista, Adolfo Solís Farías sería denunciado ante la Fiscalía General del Estado, “porque el que acusa debe probar y no sólo es una cuestión mediática”.
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El proyecto del Gobierno de Baja California para expropiar el Club Campestre de Tijuana y convertirlo en el Complejo Interactivo Campestre costará a los bajacalifornianos mil 535 millones de pesos.
Este lunes, 19 de abril de 2021, el secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano estimó que la indemnización de la expropiación costaría mil 230 millones de pesos, adecuar el lugar conforme al proyecto de Sidurt otros 300 millones, y el mantenimiento del campo otros 5 millones de pesos.
Aunque Rodríguez Lozano aseveró que el proyecto es “viable” financieramente, al ser cuestionado sobre de dónde saldría el recurso manifestó que los mil 230 millones de pesos se pagarían en un plazo de 2 años a quien acredite la propiedad del Club Campestre.
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Y sobre el resto del recurso dijo que se tendrían que “encontrar mecanismos de financiamiento”. Con todo y eso rechazó que de proceder la expropiación del Club Campestre vaya a ser concesionado.
Dijo que una vez que se logre la expropiación (que podría ocurrir en 15 días), en las cerca de 57 hectáreas se crearía un lago, un anfiteatro, una pista para que la gente pueda correr, canchas deportivas para tenis, futbol. Ello implicaría un costo de mantenimiento menor al que actualmente se le da al lugar, de 60 millones.
En conferencia de prensa, el funcionario estatal dijo que al cumplirse el cuarto día hábil (de un plazo de 15) no ha acudido ningún privado o asociación a pedir el expediente técnico que se encuentra en la dependencia que encabeza, en aras de que sea impugnado el decreto de Utilidad Pública, publicado el 13 de abril pasado.
“No hay defensa jurídica, hay un mimo que dice puras mentiras que ustedes le creen, no hay defensa jurídica”, dijo Rodríguez Lozano sobre las acusaciones hechas minutos antes por el abogado del Club Campestre, Adolfo Solís Farías, en el sentido de que las modificaciones a la Ley General de Bienes de Baja California del 25 de enero permitirían que una persona se beneficie con la concesión del lugar.
En la conferencia de prensa dada minutos antes del pronunciamiento de los funcionarios estatales, Solís Farías acusó que el gobierno ha modificado partidas presupuestales en el Registro Público de la Propiedad para borrar el pasado histórico del Club Campestre.
Al respecto Olga Ojeda, directora de Asuntos Jurídicos del gobierno del estado aceptó que Luis Fernando Verduzco, funcionario de SIDURT, “solicitó una rectificación al Registro Público de la Propiedad” al encontrar una discrepancia en la integración del expediente técnico, pero negó que dicho funcionario aparezca como propietario del Club Campestre.
“Aparece que él solicita una rectificación, es una facultad del RPP hacer modificaciones a petición de partes cuando se descubren datos que no son congruentes. Luis Fernando Verduzco es un funcionario de SIDURT que en la integración del expediente técnico encontró esa discrepancia y solicitó al registro público una notificación, una rectificación”.
Rodríguez Lozano anunció que al abogado fiscalista sería denunciado ante la Fiscalía General del Estado, “porque el que acusa debe probar y no sólo es una cuestión mediática”.
Las acciones de la administración estatal no constituyen un atentado contra la propiedad privada, ni que exista ningún plan de expropiación que involucre a otros predios de propiedad privada, añadió el funcionario, quien se negó a abordar el tema de la penitenciaria de Tijuana y la manifestación que hicieran custodios este día.
