En las últimas cuatro semanas, el régimen autoritario y trasgresor de la Constitución -es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, autor de lo que yo llamaría las mayores deformaciones de la época democrática de México- nos ha recetado una doble dosis de aberraciones jurídicas.
En una semana, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pasó de gran operador político al destruir la alianza opositora “Va por México”, a actuar como Cantinflas en el tema de la presencia del Ejército en las calles.
Tras la “suspensión temporal” de la coalición legislativa y electoral Va por México, el dirigente panista, Marko Cortés Mendoza, declaró que sólo si su homólogo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, reculaba en su postura de mantener la presencia del Ejército en las calles hasta 2028, el bloque pluripartidista podría reactivarse.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó durante la mañana de este sábado la integración de la Sección Instructora, cuyo fin es dictaminar las peticiones de desafuero presentadas ante dicho Congreso,
“Justifica que las investigaciones son por la negativa a aprobar una Reforma Eléctrica promovida por la Presidencia de la República, pero la realidad está en los registros públicos de la propiedad, estatales y federales, en las transacciones realizadas desde 2015 y hasta 2019, o en su declaración patrimonial de 2021”.
Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró, desde Ginebra, Suiza, que con los ataques en su contra, lo que busca el Gobierno Federal es callarlo; sin embargo, advirtió que ello solo lo lograrán “matándolo”.