El homicidio de José Abel Monreal Osuna, un empleado del Departamento de Vialidades del Ayuntamiento de Ensenada, ocurrido la tarde del 2 de abril en una gasolinera del ex Ejido Chapultepec en Ensenada, podría tratarse de una confusión por parte de sicarios.
Entre diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2021, un total de 50 elementos de las corporaciones de seguridad en Baja California, han sido asesinados: uno en diciembre de 2018, 12 durante 2019, en 2020 se sumaron 19 más, 2021 agregó 17 oficiales muertos y van dos durante el año en curso.
De gran plusvalía, con residenciales privados y considerada la zona económica más pujante en la actualidad, la llamada “Zona Dorada” de Mexicali, donde reside la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha sido en los últimos meses epicentro de operativos contra miembros del crimen organizado en la Capital del Estado.
La Paz sigue en la mira de miembros de la delincuencia organizada. Los reacomodos han iniciado en la ciudad y poco a poco se presentan los brotes de violencia.
En lo que va de 2022, en Tijuana se han cometido 407 homicidios dolosos, pero en sólo 30 días, comprendidos entre el 1 y 30 de marzo, 147 personas fueron asesinadas de manera violenta.
Al mero estilo del ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, el presidente municipal de Tecate, Edgar Darío Benítez Ruíz, tensiona la relación entre su gobierno, funcionarios del mismo y empresarios del Pueblo Mágico.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realiza investigaciones en contra del narcotráfico en México, concretamente en Sonora, donde los delitos contra la salud están ligados al tráfico ilícito de armas de fuego y de personas. Producto de sus pesquisas, han denunciado ante el gobierno mexicano a algunas de las organizaciones criminales que operan en la frontera con ese país.
Poco antes de las 08:00 horas del miércoles 30 de marzo, los habitantes de San Antonio de las Minas vieron con asombro el paso, sobre la carretera Ensenada-Tecate, de un numeroso convoy integrado por pick-ups artillados, repletos de elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina.
“No vamos a permitir que delincuentes estén realizando acciones en detrimento de las instituciones, o de las cabezas de las mismas. No vamos a permitir, que, en sus actividades ilícitas, estén usando o mezclando los nombres de los funcionarios que no tienen que ver, que sí están cumpliendo con su trabajo y que no tienen acuerdos con los grupos criminales. Vamos a investigar hasta donde topemos”, declaró el fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez.
