Periodista desde 2011 y corresponsal en Mexicali del Semanario Zeta. Participante del Border Hub del International Center for Journalists y coautor del libro “Periodismo de Investigación en el ámbito local: transparencia, Acceso a la Información y Libertad de Expresión”
Más que la definición de una política pública para el combate a la inseguridad rampante que prevalece en Baja California, uno de los estados con mayor incidencia de homicidios a nivel nacional, la realidad es que la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha vuelto una lucha de poder que -en caso de concretarse- derrumbaría uno de los pilares más fuertes de su antecesor Jaime Bonilla Valdez.
El jueves 18 de noviembre, con apenas 17 votos, el Poder Legislativo aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, esquema muy similar al que venía desarrollándose durante administraciones panistas.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, aseguró que dicho proyecto está mal planteado jurídicamente, puesto que no cuenta con permisos federales para su operación.
Pretendían gastar 5.2 millones de pesos en libros y 4 millones más para mantenimiento de edificios, entre ellos, el ubicado en el World Trade Center de Tijuana, el cual es un edificio rentado.
De concretarse, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, podría someterse a dicha herramienta de participación ciudadana en cuanto se presente una solicitud formal ante el Instituto Estatal Electoral (IEE)
Con 16 votos a favor, el cabildo de Mexicali avaló el dictamen que crea la Secretaría de Seguridad del estado emitido por el Congreso del Estado y propuesto por la gobernadora Marina del Pilar Ávila; es el primer municipio en avalar la respuesta
Por medio de la conciliación cupular, pero también por la jubilación de los líderes de grupos antagónicos y el propio embate frenético que emprendió el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez en contra del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) mantienen una tregua al interior del Poder Judicial.
