Presentan iniciativa para revocación de mandato en Baja California

Foto: Cristian Torres
Destacados martes, 23 noviembre, 2021 7:32 PM

De concretarse, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, podría someterse a dicha herramienta de participación ciudadana en cuanto se presente una solicitud formal ante el Instituto Estatal Electoral (IEE)

 

El pasado viernes 19 de noviembre, el diputado Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa ante el Poder Legislativo que pretende definir el marco jurídico local para poder llevar a cabo el proceso de revocación de mandato.

La mañana de este martes 23 de noviembre, anunció la iniciativa que pretende homologar los criterios con la Constitución y la Ley de Revocación de Mandato nacional, con el objetivo de que el titular del Poder Ejecutivo de Baja California, pueda ser sometido a
la remoción anticipada del cargo, tal y como se define a nivel nacional con la figura del Presidente de la República.

El diputado Juan Manuel Molina es el autor de la iniciativa en la que destaca que será requerido el aval de las firmas del 10 por ciento del listado nominal para poder emprender el proceso, un 7 por ciento más de lo que requiere a nivel nacional el titular del Poder Ejecutivo Nacional.

“El título es la revocación popular de mandato, está en manos de la ciudadanía, y no como la anterior que otorgaba a un alcalde, un regidor o diputados, o entre ellos, la iniciativa anterior es un instrumento entre vendettas entre gobernantes, y esta es un verdadero instrumento, la revocación va a ser Ley, pero conforme a lo planteado por el instrumento de Andrés Manuel López Obrador”, definió el legislador morenista y Presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, el cual hizo referencia a los comentarios del
ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, quien lo acusaba de servir a intereses para no impulsar la iniciativa enviada por su gobierno.

Molina García manifestó, que en caso de concretarse la propuesta, la actual gobernadora podría someterse a un proceso de revocación de mandato sí así lo establece la ciudadanía, bajo el argumento de la pérdida de confianza, tal y como se establece a nivel federal.

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