La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y su antecesor, Jaime Bonilla Valdez, mantuvieron un enfrentamiento directo en el Congreso del Estado y posteriormente en los cabildos por la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El encontronazo político entre las alas de Morena, definirá el futuro del fiscal Guillermo Ruiz Hernández, quien ha sostenido reuniones con varios operadores en los tres municipios de Zona Costa para perpetuar su posición
Más que la definición de una política pública para el combate a la inseguridad rampante que prevalece en Baja California, uno de los estados con mayor incidencia de homicidios a nivel nacional, la realidad es que la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) propuesta por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se ha vuelto una lucha de poder que -en caso de concretarse- derrumbaría uno de los pilares más fuertes de su antecesor Jaime Bonilla Valdez.
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La posición de su compadre, el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, depende en gran medida de la creación de dicha institución que prácticamente partiría en dos las funciones de la actual Fiscalía General del Estado (FGE), creada apenas en 2019, y devolvería las funciones de prevención del delito y operatividad al Poder Ejecutivo, algo de lo que se deshizo el propio Bonilla durante su bienio.
El jueves 18 de noviembre, luego de poco más de dos semanas de análisis, el Congreso del Estado avaló con apenas 17 votos la creación de la SSC, en medio de una intensa jornada legislativa, donde la operación política causó recesos, confusión e incertidumbre.
De manera oficial, la agrupación morenista afín a la gobernadora encontró gobernabilidad en la oposición, como el PRI y el PAN, para conseguir los 17 votos, toda vez que tres de los que integran su bancada y otros tres aliados -como los integrantes de la bancada del PT- mostraron su rechazo al proyecto de la gobernadora y, sin expresar argumentos de fondo o serios, rechazaron la creación de la SSC.
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Fuentes dentro del Poder Legislativo expresaron que durante los momentos previos a la sesión comenzó una operación y cabildeo encabezado por el ex gobernador Jaime Bonilla Valdez y el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, cuyos operadores -según precisaron fuentes internas- ofrecieron posiciones, espacios y hasta dinero en efectivo, teniendo como punto base 750 mil pesos.
Momentos previos a la votación, los tres diputados del PAN, Diego Echeverría, Amintha Briceño y Alejandrina Corral, se retiraron del Pleno, lo que sugirió la posibilidad de que se hubiera dado una negociación pese a que sus votos iban a favor del proyecto.
Al cabo de unos minutos se comunicaron con la gobernadora para expresarle que sufragarían a favor del proyecto.
Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba y Rossy García, ex miembro del Partido Encuentro Solidario, habían mostrado posiciones a favor de la iniciativa, sobre todo la segunda. Sin embargo, momentos antes de la votación se retiraron del recinto y la primera mencionada regresó cuando terminó de votarse el tema.
Además, las fuentes indican que Sergio Moctezuma Martínez, alfil de Bonilla Valdez, fue severamente reprendido por el ex mandatario, toda vez que votó a favor de la creación de la SSC en Comisiones, lo cual explicaría su voto en contra de último momento.
Marco Antonio Blásquez, otro alfil de Bonilla, se mantuvo firme junto con su bancada, conformada por Claudia Agatón y Julio César Vázquez, quienes han roto comunicaciones con el equipo cercano de la gobernadora Ávila Olmeda, puesto que buscan ser tomados en cuenta -según fuentes dentro de Morena- para buscar posiciones dentro del Instituto de la Vivienda (Indivi).
Al final, la operación de la diputada Rocío Adame, de Morena, fue -apenas- suficiente y logró mantener a gran parte de su bancada y a varios integrantes de la oposición dentro de su equipo para votar en favor de la reforma.
OTRA BATALLA EN LOS CABILDOS
La primera batalla fue ganada por Ávila Olmeda y su equipo, pero su verdadero reto son los cinco cabildos y el Concejo Fundacional de San Quintín, donde la negociación se divide entre la bancada de Morena, la oposición y el alcalde o alcaldesa en cuestión.
Dos días después de la votación en el Pleno del Legislativo, el Ayuntamiento de Tecate, dirigido por Darío Benítez y el Concejo de San Quintín, votaron a favor por medio de una dispensa de trámite, bajo el argumento de la urgencia de brindar seguridad a la ciudadanía.
Esa mañana, la mandataria estatal comentó en una entrevista posterior al desfile del 20 de Noviembre, haber tenido comunicación con el gobierno de Tecate para avalar el tema. Horas después, ambos gobiernos avalaron por unanimidad en sesiones extraordinarias.
El lunes siguiente, Norma Bustamante Martínez hizo lo propio y subió el tema a consideración del Cabildo de Mexicali, el cual también encontró una votación unánime, sin un solo reclamo.
El martes 23, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, declaró abiertamente su rechazo a la iniciativa, cuestionando el regreso de la Policía Estatal Preventiva (PEP), pese a que su actual director de la Policía Municipal, Rafael Vázquez, fue el encargado de despacho de la PEP, y el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Fernando Sánchez, el último titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid.
La noche del martes, en el restaurante Grill de Zona Río Tijuana, el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, así como el fiscal central Hiram Sánchez Zamora, sostuvieron una reunión con Miguel Ángel Bujanda, el hombre más cercano a Caballero Ramírez, para negociar su apoyo a la “súper fiscalía”.
Un día después se distribuyó la orden a Rosarito y Ensenada, dirigidos por Araceli Brown Figueredo y Armando Ayala Robles, respectivamente, para rechazar el proyecto en los cabildos. Acto seguido, el dictamen se envió a la Comisión de Gobernación de cada Cabildo para su análisis. Cabe señalar que ambos alcaldes cuentan con solicitudes de juicio político en el Poder Legislativo.
Por su parte, Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que su principal acercamiento para gestionar el tema es precisamente el gobierno de Rosarito, cuyos ediles de oposición han dejado claro que mantendrán una postura reacia contra la presidente municipal, de los tres faltantes, la que tiene una relación menos conflictiva con la actual gobernadora.
“Me parece que la PEP nunca se fue, sólo le cambiaron de nombre y uniforme, no sé a quién quieren engañar. Tenemos que ver dentro de las corporaciones, hay gente preocupada por la seguridad, tenemos elementos suficientes para tener a la mejor fuerza de seguridad en todo el país”, refirió Ávila, asegurando que es necesario modificar los esquemas en materia de seguridad cuando no están funcionando.
Ante la cerrazón de los alcaldes de Ensenada y Tijuana, el principal objetivo del oficialismo en Morena es Rosarito, donde si bien, se sabe que existía un distanciamiento entre la alcaldesa y la gobernadora, actualmente es la primera opción para sacar adelante la reforma constitucional, misma que, si ninguno de los tres ayuntamientos emite una opinión antes del 18 de diciembre, se dará por avalada a través de la positiva ficta.
