La Paz, Los Cabos y Loreto, en vigilancia por la más reciente variante del nuevo coronavirus. A Los Cabos han llegado 1.3 millones de turistas hasta octubre, el 99% procedente de Estados Unidos
Mientras el Gobierno del Estado de Baja California Sur publicita la reducción del 8 por ciento en los delitos totales, las estadísticas oficiales muestran, a partir del septiembre, un alza en los delitos de robo con violencia o a negocio en 41%; casa habitación, 200%; y daño en propiedad ajena, 21%.
Ante la inminente llegada de la nueva cepa del virus SARS-CoV-2, de origen sudafricano, debido al desplazamiento del turismo, el escenario de contención no ha variado mucho en Baja California Sur. En los puertos turísticos se contempla practicar pruebas de detección del virus, sólo a aquellos visitantes que presenten síntomas, sin exigir medidas como pruebas negativas o cuarentena para evitar la propagación
Aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sólo había procesado siete de once fosas clandestinas y localizado una oncena de cadáveres en las primeras, colectivos de Búsqueda de Personas confirmaron por lo menos 16 cuerpos y restos calcinados en una inhumación más en la zona conocida como Arroyo El Salto en San José del Cabo, municipio de Los Cabos.
Baja California Sur tuvo que disminuir forzosamente los aforos en los comercios, a excepción de Los Cabos, donde los contagios subieron cerca del 90% en la última semana
Bastaron 70 días de administración de Víctor Manuel Castro Cosío para confirmar que la nueva estrategia de seguridad pública está fallando; no basta con reunirse todos los días a las ocho de la mañana para “salvar a Baja California Sur”.
¿De qué será capaz la justicia en Baja California Sur para buscar culpables de delitos? Un ejemplo se registró el 10 de noviembre en la Subprocuraduría de Justicia Alternativa Unidad de Atención Temprana de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, cuando Héctor Manuel Chávez Aparicio denunció a la juez de Control y a la subprocuradora de la Unidad de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia por el presunto delito de “tortura psicológica” en agravio de su nieta de 5 años, menor de edad ante la Ley y la justicia.
Los casos aumentaron a nivel estatal, mientras que los municipios más preocupantes son La Paz y Comondú, con más del 200% de incremento en casos activos en siete días
Por lo menos hay tres dependencias gubernamentales con casos: la Secretaría de Administración y Finanzas Estatal, el DIF Municipal de La Paz y el Registro Civil de Comondú
