La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos enmendó, el 15 de abril de 2026, la orden restrictiva que pesaba sobre CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), para permitir ciertas transferencias de fondos consideradas necesarias para concluir el proceso de liquidación de la institución financiera en México.
La modificación levanta de manera acotada la prohibición que impedía a las instituciones financieras estadounidenses procesar operaciones vinculadas a CIBanco. Según la nueva orden publicada en el Registro Federal de EE.UU., FinCEN consideró pertinente ajustar los términos originales para facilitar los esfuerzos del Gobierno de México por liquidar y disolver la institución bancaria, cuya licencia de operación fue revocada en octubre de 2025 a solicitud del propio banco, y cuyo proceso de liquidación fue asumido por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
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El Departamento del Tesoro de EE.UU. señaló en su cuenta oficial de la plataforma X que la resolución subraya el compromiso compartido de ambos países para proteger sus sistemas financieros de los cárteles y los narcotraficantes, y para exigir responsabilidades a quienes facilitan sus actividades.
El origen del caso se remonta al 25 de junio de 2025, cuando FinCEN identificó a CIBanco como institución de “preocupación principal” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides, en las primeras acciones tomadas bajo las disposiciones de la Ley de Sanciones al Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. Esas mismas órdenes alcanzaron también a Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam), y a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector).
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Según los hallazgos documentados por FinCEN, CIBanco mantuvo un patrón prolongado de vínculos, transacciones y servicios financieros que facilitaron el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales con base en México, entre ellas el Cártel Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo. La investigación federal estadounidense determinó que un empleado de CIBanco facilitó de manera deliberada, en 2023, la apertura de una cuenta con el propósito de lavar 10 millones de dólares en nombre de un integrante del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, la institución procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos a empresas con sede en China vinculadas al envío de precursores químicos a México para fines ilícitos.
Tras las órdenes de junio de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, con el fin de sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales para proteger a ahorradores, acreedores y al sistema financiero en su conjunto. En paralelo, CIBanco presentó el 17 de agosto de 2025 una demanda civil ante el Tribunal del Distrito de Columbia de EE.UU., en la que argumentó que las medidas le fueron impuestas sin notificación previa ni posibilidad de defensa; la demanda fue retirada voluntariamente por la propia institución tras las extensiones posteriores de los plazos por parte de FinCEN.
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El caso CIBanco representó el primer uso de las facultades establecidas en la Sección 2313a del Código de EE.UU., que autoriza al Departamento del Tesoro a prohibir o condicionar ciertas transferencias de fondos cuando determina que una institución financiera extranjera constituye una preocupación principal de lavado de dinero vinculada al tráfico de opioides. Las acciones contra CIBanco, Intercam y Vector fueron también las primeras de este tipo aplicadas por FinCEN contra instituciones financieras con sede en México.
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