Morena solicitó la nulidad de la elección de las 16 diputaciones locales de Coahuila ante el Tribunal Electoral, una semana después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se adjudicara la totalidad de los distritos en disputa el 7 de junio de 2026, con el 55.02 por ciento de los sufragios según datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el 94.37 por ciento de las actas computadas.
En la impugnación, el partido denunció irregularidades en 962 casillas, equivalentes al 22.6 por ciento del total instalado en la entidad. Entre los argumentos centrales figuran la presunta compra y coacción del voto mediante un sistema de códigos QR —denominado por la dirigencia morenista como “QRGate”—, la participación indebida de servidores públicos, el uso electoral de programas sociales, propaganda calumniosa, violencia e intimidación, violencia política de género y el rebase de topes de campaña.
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La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa en Saltillo para exponer el funcionamiento del mecanismo denunciado: operadores vinculados al PRI habrían distribuido códigos QR individuales a ciudadanos, quienes debían fotografiarse con la boleta marcada a favor del tricolor para recibir un pago mínimo de 500 pesos por sufragio. Los dominios identificados con ese esquema fueron torreon2026.mx, plrsc.net y rcs26.net, registrados con una dirección en Saltillo. “Nosotros vamos a presentar la denuncia porque se tiene toda la base de datos de todos y cada uno de los ciudadanos que leyeron el QR con su teléfono”, afirmó Montiel Reyes, quien sostuvo que el partido obtuvo esa información a través de priistas inconformes.
De manera paralela, Morena presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) de la Fiscalía General de la República por la presunta compra y coacción del voto, así como ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) por el supuesto rebase de topes de gastos de campaña de candidatos del PRI. Asimismo, acudió ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para solicitar una investigación sobre el origen de los recursos utilizados en el esquema de códigos QR.
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El Consejo Nacional de Morena, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, emitió el 8 de junio de 2026 un pronunciamiento suscrito por los presidentes de los consejos estatales de las 32 entidades federativas, en el que calificó la jornada como marcada por “violencia institucional, persecución política y un sofisticado sistema de compra masiva de votos”. El senador Luis Fernando Salazar y Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también denunciaron la retención de legisladores federales morenistas por parte de la Policía Estatal en Monclova y Torreón entre el 6 y 7 de junio del mismo año, señalando como responsable a Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.
En contraste, el INE informó que la jornada transcurrió de manera pacífica: el Consejo Local presidido por Miguel Castillo Morales reportó la instalación del cien por ciento de las casillas aprobadas, sin incidentes graves, y señaló que las más de 2.4 millones de personas inscritas en la Lista Nominal contaron con condiciones para ejercer su voto. El gobernador Manuel Jiménez Salinas minimizó las acusaciones y sostuvo que las situaciones reportadas respondieron a conductas de alteración del orden público o intimidación por parte de simpatizantes morenistas. Por su parte, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, celebró los resultados como un “carro completo” y proyectó las ambiciones del tricolor hacia la jornada de 2027.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionada al respecto durante la conferencia mañanera del 8 de junio de 2026, remitió las denuncias a los canales jurídicos establecidos. “Tiene que seguir su procedimiento. Ahí el procedimiento jurídico para llegar, si es necesario, hasta el Tribunal Federal Electoral”, afirmó Sheinbaum Pardo.
La derrota representó un revés para la estructura electoral que Morena desplegó en Coahuila y dejó al PRI con mayoría total en el Congreso local durante la segunda mitad del sexenio del gobernador priista Jiménez Salinas.
