El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena emitió el 29 de abril de 2026 el comunicado 033/2026, en el que respaldó la actuación institucional del Gobierno de México frente a las solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno de Estados Unidos, al tiempo que señaló que dichas solicitudes carecen de elementos de prueba suficientes y que su divulgación pública violó la confidencialidad prevista en los tratados internacionales. En el mismo tenor, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, deba renunciar al cargo, y calificó los señalamientos del Gobierno de EE.UU. como un asunto político.
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) presentó ese mismo día, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, cargos formales contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, a quienes acusó de haber construido una red de corrupción que permitió a la facción del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos” operar con impunidad, a cambio de millones de dólares en sobornos. Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos —fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense—, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y delitos conexos. El caso fue desclasificado conjuntamente por Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, y Terrance Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), y quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
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Según el comunicado del CEN de Morena, las solicitudes de extradición “deben seguir un proceso claro: serán analizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder”. El partido gobernante señaló como “preocupante” que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba, lo cual —sostuvo— vulnera principios del debido proceso y del Estado de derecho. Asimismo, cuestionó que la embajada de EE.UU. en México hubiera divulgado públicamente la información, por considerar que esa acción viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales vigentes.
Monreal Ávila indicó que la ley no le impide a Rocha Moya comparecer ante la FGR ostentando la titularidad del Gobierno de Sinaloa, por lo que no está obligado a separarse del cargo. “No tiene por qué hacerlo, el hecho de estar en funciones no les impide hacer declaraciones y acudir a la Fiscalía General de la República cuando lo requieran. Están actuando conforme a la ley, eso dice la Constitución y eso dice la Ley de Extradición Internacional”, declaró. El coordinador morenista consideró que los señalamientos de EE.UU. responden a motivaciones políticas, aunque reconoció no conocer las pruebas presentadas por ese país. “Para mí es un asunto político. Soy abogado, doctor en derecho, doy clases en derecho y estoy estudiando la Ley de Extradición Internacional, y hasta en tanto la Fiscalía determine, creeré en la verdad jurídica”, expresó. Monreal Ávila pidió no precipitarse y esperar el resultado de la revisión de la FGR: “Lo que tenemos que hacer todos es que no nos genere ninguna precipitación ni ninguna ansia; esperemos que la Fiscalía esté revisando el asunto y las pruebas”, dijo.
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La FGR informó el 29 de abril de 2026 que inició una investigación para determinar si existen datos de prueba que sustenten la acusación. Ulises Lara López, fiscal especial en investigación de asuntos relevantes y vocero de la institución, precisó que la FGR analizaría la documentación recibida del Departamento de Estado de EE.UU. para establecer si hay elementos probatorios que permitan solicitar a un juez mexicano órdenes de aprehensión. El vocero subrayó que la legislación mexicana exige presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que una persona haya cometido un delito, y advirtió que el tratado bilateral vigente en materia de extradición entre México y EE.UU. dispone que solo se concederá la extradición si las pruebas son suficientes conforme a las leyes mexicanas. Lara López añadió que, en los casos que involucran a gobernadores y senadores en funciones, la legislación nacional exige iniciar un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de ejecutar cualquier orden de aprehensión.
Cole, administrador de la DEA, afirmó al anunciar la acusación que los funcionarios sinaloenses implicados “utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales” a EE.UU. Señaló que el Cártel de Sinaloa “no solo trafica drogas letales, sino que es una organización terrorista designada que se vale de la corrupción y el soborno para fomentar la violencia y el lucro”, y caracterizó la acusación como la evidencia de “un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo la vida de los estadounidenses”.
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La acusación —novena ampliación del expediente S9 23 Cr. 180, radicado originalmente el 4 de abril de 2023— sostiene que el ascenso de Rocha Moya a la gubernatura en la elección de junio de 2021 fue impulsado directamente por “Los Chapitos”, mediante una campaña de intimidación, robo de urnas y secuestro de candidatos rivales, a cambio de garantizar al cártel impunidad operativa y control sobre las corporaciones policiales del estado. El documento detalla que el gobernador se habría reunido con Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López en encuentros custodiados por sicarios armados con ametralladoras, y que a partir del 1 de noviembre de 2021 permitió a “Los Chapitos” consolidar el control sobre la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE Sinaloa), la Policía de Investigación de esa institución, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Culiacán de Rosales. Entre los demás acusados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez —exsecretario general del Gobierno de Sinaloa—, el alcalde de Culiacán de Rosales Juan de Dios Gámez Mendivil, y Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal general de la FGE Sinaloa, quien presuntamente recibía en torno a 200,000 pesos mensuales del cártel. El acusado con los cargos más graves es Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán de Rosales, a quien la DEA responsabiliza del secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la agencia y de un familiar de esta —incluido un menor de 13 años— ocurridos el 22 de octubre de 2023. Para todos los acusados, con excepción de Valenzuela Millán, la pena prevista es cadena perpetua con mínimo obligatorio de 40 años de prisión; para Valenzuela Millán, la acusación prevé cadena perpetua obligatoria por los cargos de secuestro con resultado de muerte.
Rocha Moya señaló en entrevista con el canal N+ que se enteró de los señalamientos a través de un comunicado de la Embajada de EE.UU. en México, y anunció que no haría más declaraciones al respecto. En un mensaje escrito posterior rechazó los cargos: “Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”, afirmó, y los caracterizó como un “ataque” a la Cuarta Transformación y a la soberanía nacional. El gobernador también confirmó haber sostenido una breve conversación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró contar con su respaldo: “Sí claro, por supuesto que sí hay”, declaró. Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México, respaldó públicamente la acusación y sostuvo que refleja lo que los ciudadanos de ambos países merecen. La presidenta de la República cortó su conferencia mañanera sin abrir espacio a preguntas sobre el tema.
Las acusaciones de EE.UU. no son el primer señalamiento que enfrenta Rocha Moya. En agosto de 2024, la defensa legal de Ismael “El Mayo” Zambada García difundió una carta en la que el capo afirmaba haber sido citado a una reunión en la que participaría el gobernador sinaloense, versión que generó una ola de presión política. En respuesta, el 12 de agosto de ese año, 23 mandatarias y mandatarios en funciones de Morena, siete gobernadores electos y el dirigente del partido, Mario Delgado, firmaron un pronunciamiento de “absoluto respaldo” a Rocha Moya, en el que rechazaron “tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Ismael Zambada”. El 10 de agosto de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador también salió en defensa del gobernador sinaloense. Dos días después, el 24 de octubre de 2024, ante la ola de violencia en Sinaloa, Rocha Moya recibió un nuevo espaldarazo de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados durante su visita al recinto legislativo. Ante los nuevos cargos presentados por el DOJ, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Movimiento Ciudadano (MC) exigieron la renuncia de Rocha Moya y la desaparición de poderes en Sinaloa.
La acusación se suma a una serie de imputaciones presentadas desde 2023 ante el mismo distrito judicial, mediante las cuales se ha señalado a más de 30 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa, incluidos Ovidio Guzmán López —extraditado a EE.UU. en septiembre de 2023— e Ismael Zambada García —trasladado a ese país en julio de 2024—. El desenlace del caso dependerá, en primer término, del resultado de la investigación interna que la FGR anunció emprender de forma paralela a la revisión de la documentación enviada por las autoridades estadounidenses.
