La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
La acusación incorpora por primera vez fotografías de listas de sobornos mensuales recuperadas en México que vinculan directamente a los acusados con pagos del cártel.
