El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, descartó el 30 de abril de 2026 solicitar licencia para separarse del cargo tras la acusación formal desclasificada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, que lo vincula junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad con el Cártel de Sinaloa. En un acto oficial celebrado en el municipio de Navolato, el mandatario sinaloense afirmó que enfrentará personalmente el proceso judicial y sostuvo que el expediente desclasificado carece de sustento probatorio.
“No (voy a pedir licencia), yo voy a seguir el proceso, todo el proceso, todo lo que me corresponde; soy licenciado en Matemáticas, pero también soy abogado, egresado de la UNAM, a mucha honra, entonces, conozco los procedimientos”, declaró el titular del Ejecutivo estatal, quien entregó apoyos a agricultores en un ejido de Navolato y negó haber recibido algún requerimiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) relacionado con la solicitud de extradición. Respecto al expediente de más de 30 páginas, Rocha Moya coincidió con la valoración de la Fiscalía General de la República (FGR) al señalar que el documento “no es más que literatura” y que no existe prueba alguna en su contra. Al ser cuestionado sobre los otros señalados, el mandatario declinó interceder: “No, por nadie. Cada quien que la dé por sí mismo”, indicó.
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La acusación formal involucra a 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presunta colaboración con la facción conocida como “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, para distribuir estupefacientes en territorio estadounidense. Entre los señalados figura el Vicefiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, Dámaso Castro Saavedra, quien ocupa ese cargo desde octubre de 2021. Las autoridades estadounidenses le imputan los cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como el haber recibido aproximadamente 11 mil dólares mensuales de “Los Chapitos” para brindarles protección e informarles sobre operativos policiales. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta cadena perpetua, según las mismas autoridades. Jay Clayton, fiscal federal, y Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), sostuvieron que los acusados abusaron de sus posiciones para proteger operaciones criminales a cambio de sobornos millonarios.
También señalado en la acusación, el alcalde de Culiacán, Sinaloa, Juan de Dios Gámez Mendívil, de Morena, rechazó el 29 de abril de 2026 los cargos y afirmó haber actuado siempre con apego a la legalidad. Al ser abordado por periodistas, Gámez Mendívil apeló a su arraigo personal en la capital sinaloense para desestimar los señalamientos. “Somos de aquí, aquí vivimos, aquí nacimos, aquí están nuestros amigos, aquí está mi mamá, cómo puedo llegar a la casa a ver a mi mamá (…) no tendríamos cara”, manifestó el funcionario, quien descartó igualmente separarse del cargo. El edil se ausentó ese mismo día de un evento programado para trabajadores sindicalizados en el Ayuntamiento; en su representación, la directora de administración, Samara Yukier Gámez López, asistió al acto oficial junto con el secretario municipal, José Ernesto Peñuelas Castellanos.
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Ante los señalamientos, la FGE de Sinaloa solicitó el 29 de abril de 2026 respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, y subrayó que cualquier solicitud vinculada a estas acusaciones debe ajustarse a la Constitución Mexicana, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes. La institución precisó que corresponde exclusivamente a la FGR determinar la procedencia legal de dichas solicitudes y reiteró que “ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”.
El respaldo institucional a Rocha Moya se extendió a nivel municipal: 18 de los 20 alcaldes de Sinaloa emitieron el 30 de abril de 2026 un posicionamiento conjunto en el que reconocieron en el gobernador “a un hombre de instituciones, abierto al diálogo y comprometido con la coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno”. Los presidentes municipales de Ahome, Elota, Mazatlán, Angostura, Escuinapa, Mocorito, Badiraguato, Eldorado, Rosario, Concordia, El Fuerte, Salvador Alvarado, Cosalá, Guasave, San Ignacio, Culiacán, Juan José Ríos y Sinaloa suscribieron el documento, en el que advirtieron que “ninguna imputación puede estar por encima de la ley, del debido proceso, ni de las instituciones del Estado mexicano” y citaron la valoración de la FGR respecto a la insuficiencia de los elementos probatorios en la solicitud estadounidense.
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La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), cuyo rector fue Rocha Moya entre 1993 y 1997, emitió el 29 de abril de 2026 un pronunciamiento en el que calificó al mandatario como “un aliado de la educación, un ciudadano íntegro y un luchador social”, y solicitó que cualquier proceso sea conducido con respeto a los derechos humanos universalmente reconocidos. La Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO) se sumó el 30 de abril de 2026 con un posicionamiento en el que reafirmó la necesidad de garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso, y señaló que “toda situación sea conducida con responsabilidad, legalidad y respeto al Estado de Derecho”.
En el ámbito político nacional, Citlalli Hernández Mora, exsecretaria de la Mujer y titular de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, cuestionó el 29 de abril de 2026 si las acusaciones formuladas desde EE.UU. tienen fines jurídicos o responden a objetivos políticos. “Debemos cuestionarnos si el movimiento mediático tiene fines políticos más que jurídicos”, expresó Hernández Mora, quien planteó además si la información difundida desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York buscaba interferir en asuntos internos del país y erosionar al movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, llamó el 30 de abril de 2026, a través de un video difundido en redes sociales, a respaldar la postura de Sheinbaum Pardo frente a la acusación estadounidense, sin mencionar en ningún momento el nombre de Rocha Moya ni el de los otros nueve funcionarios señalados. Monreal Ávila calificó de correcta la respuesta de la mandataria nacional, quien señaló que esperará la presentación ante la FGR de pruebas contundentes antes de proceder bajo la jurisdicción nacional. “Estamos con ella, porque la posición firme de la presidenta no gustará en algunos sectores conservadores del país, e incluso fuera del país”, afirmó el coordinador legislativo, quien elogió a Sheinbaum Pardo por los retos que ha enfrentado al frente del Poder Ejecutivo Federal.
La acusación también generó una confrontación en el Pleno del Congreso de Sinaloa el 30 de abril de 2026, donde diputados de Morena y la oposición protagonizaron un debate sobre la situación del gobernador. La legisladora morenista Elizabeth Ramírez Tirado expresó solidaridad con el titular del Ejecutivo local y respaldó la postura de la Presidencia de la República, mientras que la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Paola Iveth Gárate Valenzuela sostuvo que la acusación superó el escrutinio de un gran jurado federal y que no se trataba de un asunto político. “La impunidad no es soberanía que quede claro, y mirar hacia otro lado frente a una acusación de esta magnitud no es dignidad institucional, es complicidad”, advirtió Gárate Valenzuela. Su correligionaria Irma Guadalupe Moreno Ovalles exigió a la FGR una investigación sin simulaciones y respaldó la separación del cargo de Rocha Moya. El diputado morenista Eligio López Portillo calificó el expediente como una intriga del gobierno estadounidense y defendió la trayectoria del gobernador sinaloense. La coordinadora de la bancada morenista en el Congreso local, María Teresa Guerra Ochoa, reconoció la necesidad de una revisión seria pero advirtió sobre presuntas inconsistencias y falta de pruebas en el documento extranjero, y responsabilizó a EE.UU. por el flujo de armas y dinero que, afirmó, financia la violencia en la región.
Tras el acto en Navolato, Rocha Moya regresó a Culiacán de Rosales y se instaló en su oficina en Palacio de Gobierno, donde por la tarde encabezaría el festejo con motivo del Día del Niño.
