El senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República y coordinador del grupo parlamentario de Morena, rechazó el 9 de junio de 2026 que la Cámara Alta se convierta en un instrumento de hostigamiento político contra sus integrantes, al defender al senador Enrique Inzunza Osuna —señalado por autoridades de EE.UU. de presunta colusión con el Cártel de Sinaloa— y desestimar las versiones sobre la supuesta revocación de la visa estadounidense al senador Adán Augusto López Hernández.
En conferencia de prensa, Mier Velazco sostuvo que si algún integrante del Senado estuviera involucrado en una actividad ilícita, debería aplicársele la ley, pero exigió pruebas concretas antes de cualquier señalamiento público. “Si hay alguien que está involucrado en una actividad ilícita, trátese de lo que se trate, pues que se aplique la ley, pero si no hay pruebas, tampoco vamos a convertir acá en paredón político a ninguno de los integrantes del Senado”, declaró el jefe de la bancada de Morena.
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Respecto al senador Inzunza Osuna, Mier Velazco señaló que el marco jurídico vigente no aportaba elementos suficientes para vincularlo con el crimen organizado. El morenista precisó que la Cámara Alta no había recibido ninguna notificación oficial sobre la cancelación de visas a legisladores mexicanos y que el Senado preservaría la presunción de inocencia de cada uno de sus integrantes. En ese sentido, indicó que las acusaciones contra 10 funcionarios de Sinaloa, formuladas desde abril, permanecían en el terreno de la especulación al no haberse cumplimentado ninguna solicitud formal.
Sobre las versiones que señalaban la cancelación del visado estadounidense al ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) Adán Augusto López Hernández, Mier Velazco aseguró que el senador tabasqueño había viajado recientemente a Estados Unidos sin contratiempos, con lo que refutó de facto los rumores sobre el retiro de su visa. Adicionalmente, informó que López Hernández se había sometido a una intervención quirúrgica oftalmológica la semana previa y que el resultado había sido satisfactorio. El coordinador de Morena no quiso abundar en detalles respecto al viaje y apeló a la máxima de que “el respeto al viaje ajeno es la paz”.
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Mier Velazco calificó la narrativa sobre el retiro de visas como una estrategia de carácter político más que judicial. Subrayó que México debía defender no solo su soberanía nacional, sino también la soberanía en la narrativa, para evitar que el debate político quedara condicionado por especulaciones o versiones sin respaldo jurídico. Asimismo, advirtió que desde la presidencia de la Jucopo y la mesa directiva del Senado no se impulsaría ningún hostigamiento político contra los legisladores.
El senador tabasqueño López Hernández, quien precedió a Mier Velazco en la coordinación de Morena en el Senado —cargo que abandonó el 1 de febrero de 2026 para dedicarse al trabajo territorial del partido—, ha estado en el centro de la controversia política desde que su excolaborador Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” y “Comandante H”, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su administración como gobernador entre el 1 de enero de 2019 y el 26 de agosto de 2021, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, “El Altiplano”, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, desde el 18 de septiembre de 2025. Bermúdez Requena enfrenta tres órdenes de aprehensión por asociación delictuosa, extorsión, secuestro agravado, delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, además de ser señalado como presunto fundador y líder de la organización criminal conocida como La Barredora.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había negado en reiteradas ocasiones que existieran investigaciones contra López Hernández, aun ante las 37 denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada suplente del Partido Acción Nacional (PAN). La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló irregularidades no aclaradas en programas federales por 765.9 millones de pesos durante la administración del senador tabasqueño como gobernador, en los ejercicios fiscales 2019 y 2020.
