Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó el 9 de junio de 2026 una acusación formal contra Jaime “Jimmy” Sánchez Soriano, de 45 años y originario de México, por conspiración para fabricar y distribuir metanfetamina destinada a su importación a Estados Unidos, así como por conspiración para el lavado de dinero.
Según la acusación, Sánchez Soriano obtenía metanfetamina del Cártel de Los Viagras, una organización de narcotráfico afiliada a los Cárteles Unidos, uno de los mayores productores de metanfetamina a escala mundial, con capacidad para fabricar varias toneladas mensuales. La red de distribución de los Cárteles Unidos en EE.UU. opera a través de centros en Kansas City, Missouri; Dallas; Houston; Atlanta; Sacramento, California; Los Ángeles; Denver y Chicago, y se extiende a Europa, Australia y otras regiones.
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Las autoridades mexicanas capturaron a Sánchez Soriano el 19 de marzo de 2026. El caso es investigado por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), y los fiscales Roger Polack y Kirk Handrich, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal del Departamento de Justicia, están a cargo del proceso.
De ser hallado culpable, Sánchez Soriano enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
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La investigación se inscribe en la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159, orientada a desmantelar cárteles criminales, organizaciones transnacionales y redes de tráfico de personas que operan en territorio estadounidense y en el extranjero.
Los Cárteles Unidos fueron designados el 20 de febrero de 2025 por el Departamento de Estado de EE.UU. como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT, por sus siglas en inglés), conforme a la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224. En agosto de 2025, la División Penal presentó cargos penales contra varios altos dirigentes de los Cárteles Unidos y del Cártel de Los Viagras.
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La acusación formal constituye únicamente una alegación. Todos los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.
