Bajo el asfalto que une y divide a Tijuana y San Diego, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) perfeccionó un sofisticado narcotúnel transfronterizo que, durante meses, burló la vigilancia de ambos lados para que narcotraficantes trasegaran cargamentos de cocaína, hasta que el Grupo de Trabajo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos descubrió el sitio que ostentaba la fachada de una tienda minorista en la Mesa de Otay y detuvo a cuatro personas presuntamente relacionadas con el hecho.
Los detenidos son Gregorio Epifanio Hernández López, de 29 años, y José Jiménez, de 32, avecindados en San Diego; así como Antonio Cortez, de 18 años, y Brandon Escalante Sandoval, de 26, quienes manifestaron tener su domicilio en México.
Publicidad
La entrada al pasadizo se halla en el local que tiene por razón social “Buy 4 Less”, ubicado en el área de Otay, un punto donde el flujo industrial y comercial suele camuflar los movimientos del crimen organizado; sin embargo, para el Grupo de Trabajo sobre Túneles del HSI, el establecimiento era todo menos un comercio legítimo, el cual era investigado desde diciembre de 2025.
Desde esa fecha, los agentes norteamericanos detectaron que la dinámica de “empleados” y clientes no correspondía a la de un negocio convencional, pues el flujo de compradores era mínimo y el comportamiento de quienes allí laboraban despertaba sospechas constantes.
Publicidad
Durante meses, un grupo de entre siete y ocho individuos, entre ellos Gregorio Epifanio Hernández López, fue observado realizando actividades inusuales, como el traslado de maletas que parecían estar vacías, cruzando a pie hacia México o cargándolas en vehículos sin que mediara transacción comercial alguna, una táctica que las autoridades interpretaron como ensayos o movimientos de contravigilancia.
Mientras del lado estadounidense la investigación se nutría de vigilancias minuciosas y una colaboración interinstitucional que incluía a la DEA, el FBI y la Patrulla Fronteriza, en el suelo mexicano la realidad era diametralmente opuesta, con una Fiscalía General de la República (FGR) que, fiel a su política de los últimos tiempos, ha optado por minimizar estos hallazgos o simplemente ignorar la magnitud de las infraestructuras que el narcotráfico perfora en la zona de Tijuana.
Publicidad
La forma de informar el descubrimiento en ambos países es evidente: mientras el fiscal estadounidense Adam Gordon sentenciaba que “no había luz al final del túnel” para los cuatro detenidos y ahora acusados, en México el hecho fue relegado a un segundo plano, omitiendo detalles sobre la conexión técnica del pasadizo que se extendía por más de 580 metros desde Tijuana hasta el corazón de San Diego.
Este túnel no era una simple excavación rudimentaria; se trataba de una obra compleja de mil 933 pies de largo, equipada con paredes reforzadas, sistemas de rieles, ventilación y electricidad, alcanzando una profundidad de 55 pies. Lo más sofisticado se encontraba en su salida en Otay: un elevador hidráulico oculto bajo el suelo del almacén de “Buy 4 Less”, que permitía extraer los cargamentos con una eficiencia industrial.
El golpe definitivo ocurrió el 29 de mayo de 2026, cuando la vigilancia sobre el punto detectó el movimiento de tres artículos pesados, cargados en una camioneta blanca que se dirigió hacia un taller mecánico en Coolidge Avenue. En esa escena, Brandon Escalante Sandoval, montado en una bicicleta, realizaba labores de contravigilancia, observando obsesivamente el interior de los autos estacionados, antes de recuperar una llave oculta en el depósito de gasolina de la furgoneta para estacionarla en reversa.
El operativo estadounidense, coordinado con la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, permitió observar cómo los sospechosos transferían tres congeladores desde la furgoneta a un camión de plataforma, cargándolos con paquetes de droga. Tras la detención del camión y otros vehículos involucrados, el uso de perros policía K9 confirmó lo que meses de investigación sugerían: el decomiso de mil 029.60 kilogramos de cocaína, un cargamento con un valor en el mercado superior a los 45 millones de dólares.
Las autoridades de Estados Unidos no dudaron en señalar que este operativo representó un “duro golpe” para la estructura del CJNG en la frontera norte. Kevin Murphy, agente especial de HSI, y Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza, enfatizaron que el hallazgo es una prueba de la determinación por proteger la frontera frente a organizaciones que explotan lagunas jurisdiccionales.
Sin embargo, la narrativa de éxito del lado norte contrasta con el silencio operativo en Tijuana, donde la entrada del túnel, estimada a unos 244 metros de la línea internacional desde el lado mexicano, parece haber pasado desapercibida para las fuerzas de seguridad locales hasta que el escándalo estalló en California.
Los implicados enfrentan ahora acusaciones que podrían llevarlos a la cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares bajo los cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas y el uso de túneles transfronterizos no autorizados.
Este es el túnel operativo número 99 descubierto en el Distrito Sur de California desde 1993, y el primero de gran complejidad detectado desde 2022, lo que subraya que, pese a los muros y la vigilancia tecnológica, el subsuelo sigue siendo la ruta preferida para el tráfico de alto volumen.
